Iniciativa México. El decálogo burdo, excluyente e impositor

No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución;

se hace la revolución para establecer una dictadura.

George Orwell

El encuentro de ayer en el Museo Nacional de Antropología, parece propiamente eso. Un evento donde los medios más poderosos del país (no todos desde luego) se reunieron para un gran “acuerdo”.

Un acuerdo revolucionario “para la cobertura informativa de la violencia” que implica no solo que todos se sometan a una sola línea, sino que seas vigilados para ver si verdaderamente lo cumplen.

¿En que mente perversa fue concebida la idea de firmar un acuerdo entre medios? ¿Cuál es el verdadero objetivo de dicho acuerdo? Indudable será que los lectores inteligentes lo irán descubriendo con el paso del tiempo.

El reality show en cadena nacional que fueron obligados a ver o escuchar los mexicanos, tuvo un objetivo diferente más allá de transmitirle al país la firma, la transmisión en cadena nacional pretende demostrarle al grupo que gobierna esta país “quien manda”.

El espectáculo suministrado a los mexicanos la mañana de ayer, no fue un acto espontaneo, ni una ocurrencia eventual. No cuando 715 medios se presentan a firmar un pacto que hará las veces de código de ética.

Ética que parece nunca tuvieron los ayer firmantes. Porque no fue así cuando Salinas pliego tomo violentamente canal 40; tampoco lo fue cuando televisa ataco a Reforma, o a Ricardo Ravelo de Proceso, mucho menos cuando Ferriz de Con hizo uso de su mayoría para echar a Carmen Aristegui y Javier Solórzano del proyecto que juntos había iniciado.

El decálogo de ayer, es burdo, excluyente e impositor. Pretende construir un pensamiento único. Se cobija bajo la idea de “principios” pero atenta contra lo que Adela Cortina define como la “ética cívica”, entendida como “aquellos valores y principios de justicia que comparten las distintas éticas de máximos de una sociedad pluralista, mínimos por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad”. (Cortina, Ética mínima, Madrid, Tecnos, 1986).

Veamos, en el apartado denominado “EL PUNTO DE PARTIDA” los signantes reconocen que “la delincuencia organizada, y el terror que ha logrado propagar, amenaza ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad”. Sostienen también que “La responsabilidad del combate a la delincuencia organizada recae en los órganos de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano”. De igual forma agrega “Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información”. Todas las afirmaciones son una verdad de Perogrullo.

Los siete objetivos del acuerdo están redactados con las siguientes entradas: proponer, establecer, definir, promover, sumar y crear. “LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ACUERDO” parecen estar sobre puestos, sostenidos con retorica elemental. Nadie está en contra del “respeto a las libertades de expresión y de prensa”; ni de “La independencia editorial”, ni mucho menos de que los medios informen con “profesionalismo” y actúen con “responsabilidad social”.

Empero, no es cierto la espontaneidad de dicho acuerdo, como tampoco lo es, que “criterios editoriales comunes” eviten “propagar el terror entre la población”.

El decálogo es burdo, porque parte de la idea prerevolucionaria, de que los mexicanos no estamos preparados para la información; porque sostiene que es mejor ocultar la verdad o sumistrarla, a comunicar lo que en realidad acontece. Porque mientras advierte la necesidad de “Dimensionar adecuadamente la información”, Televisa se instrumenta para transmitir en vivo un montaje diseñado por el Ingeniero Mecánico, Genaro García Luna Secretario de Seguridad Pública Federal, y rescatar a secuestrados donde se involucra a Florence Cassez.

El decálogo es excluyente e impositor, porque sostiene que mientras: “en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla”. Los medios signantes dieron la espalda al caso de Ernestina Ascencio indígena de 73 años presuntamente violada y muerta por militares en la sierra veracruzana de Zongolica.

El decálogo es impositor porque cuando pretender “Proteger a los periodistas” adoptando “protocolos y medidas para la seguridad” intenta “Alentar la participación y la denuncia ciudadana” colocando como blancos y delatores a los ciudadanos. Es impositor porque se orquesta desde INICIATIVA MÉXICO, juguete del duopolio televisivo de este país.

El acuerdo no está muy alejado de lo que algunos signantes han llamado “dictaduras” y que hoy se critican con tanta pasión al referirse a Cuba y Venezuela. Por ello, no es coincidente que justo días antes Felipe Calderón haya hecho público su deseo de haber sido periodista al confesar “Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me dedico al periodismo, que también me gusta, es una profesión que respeto; pero hubiera hecho un periódico que se llamara "Balance', ¿no?”.

El acuerdo está más cerca de ser lo que Jenaro Villamil definió como “Ministerio de la información” que como punto de partida para criterios editoriales comunes al informar sobre la violencia en México. Parece más proyecto político homogeneizante que acuerdo para refrendar “las libertades de expresión y de prensa”.

Más bien parece responder a una medida desesperada tras las declaraciones de Obama sobre una presunta frustración de Calderón tras el “crecimiento de los carteles” y pactada con los dueños de la información.

Cercar, ocultar, suministrar, diluir lo que en México pasa en materia de seguridad pública, está muy lejos de ser un acuerdo para “la cobertura informativa de la violencia” y muy cerca de “la revolución para establecer una dictadura”, una dictadura informativa.