"En mi casa
mando yo, pero mi mujer toma las decisiones."
Woody Allen
La lucha femenina por ejercer los derechos de votación y
decisión, inicio hace varios siglos en el mundo. En México sus primeras
manifestaciones importantes se dan durante los años 1884 y 1887, cuando la
revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright
González -en la que escribían sólo mujeres- demandó el sufragio femenino.
El 13 de enero de 1916, cuando se realizó el primer
Congreso Feminista, uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue
demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres.
Por otra parte, en la promulgación de la Constitución de
1917, si bien es cierto no se negaba la ciudadanía a las mujeres, ni su
oportunidad de votar; también lo es que no se contempló expresamente ese
derecho.
En 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de
Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, entre sus principales demandas
estaban la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos
administrativos y se decretara la igualdad política y la representación
parlamentaria. Ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio
Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el
derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales.
Por su parte en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la
primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de
noviembre de 1923. No obstante, solo ocupo su cargo por dos años pues tuvo que
retirarse por amenazas de muerte. Tras esos hechos se trasladó a San Luis
Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral
no reconoció su triunfo.
En 1937 Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la
iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como un primer paso
para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Sin embargo, la retrograda
postura de los miembros del partido oficial representaron el principal
obstáculo para que la mujer conquistara el derecho al voto desde 1937; aunque la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de
los Estados -y sólo faltaba el cómputo y la declaratoria prevista por el
procedimiento constitucional- la familia revolucionaria de aquel momento, decidió
no concluir al trámite legislativo bajo el argumentando que el voto femenino
podría ser influenciado y manipulado por los curas.
Ahora bien, si bien es cierto que el 24 de diciembre de
1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por Miguel Alemán, -adición
al artículo 115– que establecía que en las elecciones municipales participarían
las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar
y ser elegidas. Lo cierto es también que no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 – con Ruiz Cortines- que se publicó en el Diario
Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional que establecia: “son ciudadanos de la República los varones y
las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los
siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo
son, y tener un modo honesto de vivir”.
De esta forma se reconoció oficialmente el derecho de las
mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas. Pero el sufragio femenino no
fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales
y locales a favor de la equidad de género.
Y es que este país tiene una gran deuda con las mujeres,
no solo por haber llegado tarde al reconocimiento del voto femenino- fuimos el último
país de América latina; el primero fue Uruguay en 1927- sino porque 60 años después,
la condición de madre soltera, indígena, pobre, vieja, lesbiana,
discapacitada, analfabeta, sigue siendo
la etiqueta para discriminar a la mujer y argumento para que las mujeres sean
maltratadas, segregadas, amenazadas, desaparecidas, violadas y asesinadas.
¿Cómo hablar de estar a favor del derecho de las mujeres cuando
el Estado de donde proviene quien hoy ocupa Los
Pinos, es uno de las principales entidades con feminicidios? y los Estados donde
gobiernan integrantes de su partido, se han negado a declarar la alerta de
género.
Hoy de nada sirven los recursos retóricos de inclusión,
no cuando solo hay tres mujeres en el gabinete federal. Cuando en el Congreso
la presencia femenina es inequitativa o cuando en el poder Judicial la
presencia de la mujer es simbólica.
¿Cuánto tiempo más tendrá
que pasar para que la condición de mujer no sea una razón de exclusión? Los
partidos y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben de responder en lo inmediato.
¿Ustedes que piensan? Por
hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe
diem
¡Excelente columna Doctor!
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