DERECHO Y REPRESIÓN: EL CASO DE QUINTANA ROO

El pasado 19 de marzo, el diputado príista del Estado de Quintana Roo Juan Luis Carrillo Soberanis entrego a la oficialía de partes de ese Poder Legislativo, iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Cultura Cívica del estado de Quintana Roo. La iniciativa que consta de 39 páginas, no tuvo la atención que debió de haber tenido -por el contenido mismo de la iniciativa- porque se presentó en la coyuntura de la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

En las definiciones básicas que expone en la iniciativa, Carrillo Soberanis sostiene: “El civismo responde a una idea básica: es necesario que las personas se respeten unas a otras; y hay que respetar las cosas que son de todos, para que todos la puedan disfrutar cuando las necesitan (…)” para no detenernos en tan primaria reflexión, el legislador local continua: “(…) el civismo en sí, encierra la idea del ejercicio pleno de los derechos y sus garantías apegadas al respeto de los derechos de terceras personas, utilizando como un instrumento de cohesión y como motivador de las personas para adoptar comportamientos entendidos como correctos”.

De 36 artículos, la iniciativa refiere a Washington, España, Argentina y Chile como inspiradoras de la suya y enumera algunos ejemplos que “han perturbado gravemente la paz y la tranquilidad, los derechos de los quintanarroenses, así como el orden y nuestros espacios públicos”. Y menciona la magamarcha y bloqueo de la zona hotelera del 17 de septiembre de 2013; de hechos ocurridos ese mismo año pero el 11 de septiembre con la marcha de los normalistas; y la de los taxistas en febrero de 2014 que bloqueo la zona hotelera.

La perla, es su concepto de manifestación: “la reunión concertada y transitoria de las personas en espacios públicos con la finalidad de reclamar algo o expresar su protesta por algo y que pueda perturbar, la paz y tranquilidad, el normal desarrollo de las actividades de los pobladores o el tránsito en las vías públicas (…).”. Como se observa dicha definición incluye ya un escenario negativo: “perturbar la paz y la tranquilidad”. Con esta referencia condena de facto toda manifestación.

Y es que la iniciativa aprobada fast track este lunes 24, faculta a los ayuntamientos a través de sus “jueces calificadores” a imponer sanciones por infracciones a la ley (Artículo 6); obliga a la administración pública a: “disolver la manifestación y garantizar el libre acceso de los servidores a las instalaciones públicas así como garantizar la normalidad de las actividades y ejercicio de los derechos de los habitantes (…)”. Cuando se altere el funcionamiento de las instituciones que prestan servicio público. (Artículo 18).

En su artículo 22 prohíbe “llevar acabo bloqueos” y consecuentemente “podrán ser disueltos por la administración pública”. En el artículo 26 obliga a los manifestantes a “presentar un aviso por escrito a la secretaria de Gobierno del estado y/o a la secretaria General del Ayuntamiento, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación”.

El redactor de la ley es torpe al omitir el uso de la técnica legislativa; es confuso, pues partes de la ley asemejan un copy-paste de distintos ordenamientos; es ignorante al incluir una sanción de 4 a 500 veces el salario mínimo por: “ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido” (Fracción XXII artículo 30).

Magro uso de conocimientos el que realiza Carrillo Soberanis, quien preside la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; y magro favor el que Carrillo Soberanis, hace a la administración pública.

El diputado priista es líder estatal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), -expresión interna de ese partido, que más de una ocasión ha servido como brazo de choque contra manifestaciones contrarias al priismo regional-  hombre cercano al gobernador Roberto Borge, quien al parecer ha dado su primer paso para congraciarse con su jefe político.

Quienes simpaticen con dicha ley, deberán estar atentos y tener presente que preparan su propia mordaza. Dicha ley me recordó a Voltaire: “Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo”. Por lo pronto, los diputados locales del PRD, PAN y PT advirtieron que la discusión podría terminar en la Suprema Corte de Justicia por considerarse inconstitucional, veamos que ocurre.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

REESTRUCTURACIÓN Y PODERES FÁCTICOS

Tras las reformas estructurales que los mexicanos (interesados en estos temas) enfrentamos más con pena que con gloria en año pasado. No han sido pocos los estudiosos que sostienen que esta pudiera ser una coyuntura necesaria u oportuna para replantear la necesidad de un constituyente que otorgue a nuestro país un nuevo ordenamiento legal.

En tal sentido se plantea que ahora que se discuten las reformas estructurales habría que pensar en la reestructuración del Estado Mexicano. Como se puede comprender el concepto de reestructuración es un concepto abstracto que hace referencia al reordenamiento o a la reorganización de estructuras en ámbitos y espacios específicos.

¿Pero significa la reestructuración? Considero necesario iniciar con una idea de lo que se entiende por estructura. Una estructura es un sistema organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, personas, entre otras. Allí encontramos diferentes niveles de jerarquía o relevancia y, lo más importante, conexiones e interconexiones. Así pues debe comprenderse que la reestructuración no es más que el reordenamiento o reorganización de un tipo de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias, condiciones o necesidades.

A diferencia de la revolución, la reestructuración es en la mayoría de los casos algo que se da de manera voluntaria y planeada en consecuencia a la observación de los resultados finales. Y es que a veces la reestructuración puede ser en el mejor de los casos, respuesta a realidades socio-políticas o en el peor la expresión de factores reales de poder que  influyen sobre el sistema.

De esta forma atendiendo a la teoría contractualista influenciada en la Constitución, es el pueblo quien decide cuándo se ha roto la confianza y tiene el poder para revertir los abusos, porque éste subsiste como comunidad pese a la disolución del gobierno.

La doctrina del Estado de derecho exige que el principio que inspire toda acción estatal consista en la subordinación de todo poder al derecho. Pero esta subordinación sólo es posible gracias al proceso histórico de constitucionalización de las normas limitantes del poder político. Por ello, el llamado constitucionalismo moderno, es inseparable de los fundamentos ético-políticos del Estado de derecho.

La soberanía no agota en manera alguna el terreno del poder, pero si concentra nuestra atención en la forma más significativa y peligrosa que el poder puede adquirir, pues no se trata de un accesorio más que mujeres y hombres busquen; por ello la razón le asiste en parte a Walzer cuando afirma: El poder del Estado se ve colonizado por la riqueza material, el talento, la sangre o el sexo; y una vez colonizado, rara vez tiene límite. De modo alternativo el poder del Estado es en sí mismo imperialista, sus agentes son tiranos con plenos derechos: no velan por las esferas de la distribución sino que irrumpen en ellas; no defienden los significados sociales sino que los pisotean. (WALZER, Michael, Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. 1993)

Tomar en sentido estricto la afirmación anterior puede parecer catastrófico, pero tal afirmación pervive a través de los siglos y parece no cambiar, los factores reales de poder o poderes facticos se hacen presentes en nuestra vida diaria. Y un ejemplo de ello es el tema de la reforma energética.

¿Cuántas veces hemos escuchado el discurso demagógico y desgastado de que con las reformas estructurales le ira mejor a los mexicanos? ¿Cuántas veces nos han dicho que está asegurado no sólo nuestro futuro, sino el de “los hijos de nuestros hijos? ¿Hasta cuándo los mexicanos seguiremos permitiendo que sean los poderes fácticos los únicos que impongan su voluntad al Poder Legislativo?

En ocasión de este 18 de marzo, los mexicanos debemos tener presente la importancia que los sectores estratégicos del país juegan en nuestra vida diaria; y el de la energía es uno de ellos.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

MUJERES: CIFRA NEGRA

El fin de semana pasado se celebró el Día Internacional de la Mujer, y aunque hubo muchos eventos, desde los institucionales hasta los políticos, en los cuales se hizo gala de la retórica y demagogia para reconocer y ensalzar el papel de la mujer; y de cómo nuestras vidas y el destino del país están en manos de ellas, muchos de ellos, inclusive los que encabezaron las propias mujeres, omitieron decir que el origen en realidad de esta celebración era conmemorar a la mujer trabajadora.

De acuerdo con el Artículo 2, numeral 3 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo: “El derecho al desarrollo según la ONU representa que “Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos […]”.

Como podemos constatar este derecho al desarrollo, en el caso de las mujeres mexicanas es una aspiración, pues de acuerdo con datos del INEGI, en 2013, 20.2 millones de mujeres integraron la población económicamente. El INEGI  también nos dice que  el ingreso promedio por hora trabajada de la población femenina fue de 30.8 pesos y el de los hombres 31.5 pesos (INEGI, 2013).

Pero la desigualdad no solo se da afuera, también está dentro del hogar mismo, pues del total de labores domésticas y de cuidados familiares las mujeres realizaron 78.8% de ellas y los hombres participaron con 21.2% (INEGI 2014). En este mismo sentido la numeralia nos dice que el monto económico que cada mujer contribuye a generar es similar a aportar 41 mil 100 pesos anuales para cubrir las necesidades del hogar (INEGI 2014). En tales términos el valor económico de las actividades domésticas, de cuidado y no remuneradas que ellas realizan, equivale a 15.6% del PIB (INEGI 2014).

Pero la historia no termina ahí,  de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para 2012 y 2013, en 30 entidades federativas indican que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres y que de esos casos, al menos la mitad son feminicidios. Lo que quiere decir, que son asesinatos motivados por el sexismo o la misogina.

De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia contra las Mujeres es “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (artículo 5, fracción IV).

No es menor lo que se puede documentar a partir de lo que establece el artículo 18 de dicho ordenamiento: “Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Finalmente y para estimular nuestro pesimismo, esta ley -que fue publicada hace siete años en febrero de 2007- establece la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres, (artículo 38, fracción X) banco que hasta la fecha no ha sido creado. A pesar de que el séptimo transitorio Dicha tarea de acuerdo con el artículo 44 fracción III “Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública”.

Así las cosas sobre lo que gravita en torno a las mujeres, motor de las naciones. Y parece que este sexenio parece que la situación no cambiará mucho. Y continuarán las cifras negras.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

CREDIBILIDAD CUESTIONADA

Mientras unos se autoproclaman también ganadores del premio Oscar por el sólo hecho de compartir la nacionalidad mexicana y se dicen “cuarones”; mientras otros rehúyen a su estatus de ciudadano y prefieren limitar su participación a ser audiencia en un partido de futbol; otros tantos no dudan en pagar 700 pesos y regalar tamales y atoles para promover una manifestación “espontanea” que pide la liberación de un delincuente claramente cansado en términos físicos y desgastado en términos mediáticos.

Más allá de ser o no ser quien nos dice la autoridad que es; más allá de la probable entrega pactada en un escenario austero para el personaje que nos dijeron que significa; separando el análisis del manejo mediático que televisa sabe explotar muy bien cuando de alimentar el morbo social se trata; saltando el comentario de lo importante que es la detención del mexicano más buscado en el mundo. Parece que lo importante es quedarnos con la credibilidad.

Sí, se trata de credibilidad, nada más ni nada menos. La mañana de la supuesta detención de Archivaldo Guzmán Padre, mientras desayunaba, escuché los comentarios de comensales que se nutren de la información que las televisoras le dan. “dicen que lo detuvieron”, “Yo creo que no es”, “Que no fue en su casa”, “Que va a ser” “que no opuso resistencia”, “definitivo no es el mismo”.

La constante en los comentarios paralelos era la credibilidad de que el delincuente detenido, era quien decía la autoridad que era. El común en las opiniones se refería a dudar de la versión del gobierno. ¿Cómo creerle a un gobierno que ha mentido y engañado una y otra vez? ¿Cómo no dudar cuando no hubo una sola baja en su detención? ¿Por qué creer que el delincuente más buscado del mundo estaba escoltado por una sola persona?

La credibilidad, la falta de confianza en un sexenio que lleva poco más de un año, es un tema que el habitante de Los Pinos y su equipo debería analizar, pues de acuerdo con una encuesta de Reforma, de julio a diciembre de 2013 la aprobación de Peña Nieto cayó ocho puntos entre los ciudadanos; y 27 puntos entre líderes de opinión, para ubicarse entre 44 y 40 puntos, respectivamente. La encuesta arrojó la desaprobación que le dieron ciudadanos con 5.5 y líderes con 5.2.

Pero la imagen del señor Peña y su credibilidad no están como quisieran estar a pesar de que su vocero en materia económica Luis Videgaray Caso, anunció que no habrá más impuestos durante todo el sexenio, salvo que las condiciones internacionales de estabilidad económica obliguen a lo contrario.

Sí, la imagen y aprobación del habitante de Los Pinos, va en retroceso, de acuerdo con una encuesta de Consulta (http://bit.ly/1onhmAc) “La evaluación que los mexicanos hacen de su presidente muestra su tercera disminución trimestral, 48% de los ciudadanos se manifiesten de acuerdo a su gestión y 51% en desacuerdo”.

Algo está mal cuando los ciudadanos no le creen a su gobierno; cuando las instituciones de transparencia y las que organizan las elecciones son cuestionadas por su falta de calidad. Cuando la iglesia, los partidos, el ejército y hasta la selección de futbol es cuestionada por su credibilidad. De nada ha servido el millonario gasto en medios del gobierno federal, de poco ha funcionado su asociación y exclusividad con las televisoras. Pero esta falta de credibilidad en el gobierno, no está asociada a la movilización social, a la supervisión del trabajo gubernamental, ni al papel activo de los ciudadanos para cuidarle las manos a sus gobernantes. Si así fuera, el país sería otro. ¿Ustedes que piensan?

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.