Cuando el sistema político no
aguantaba más la presión de la sociedad de finales de los años ochenta, decidió
la apertura, creando órganos que sirvieran de válvulas de escape a estos
reclamos, pero manteniendo el control.
Fue a finales de los años 90 con la
perdida de la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados cuando los órganos
creados empezaron a ciudadanizarse, el cabildeo de los partidos políticos para
avalar las propuestas llevaba a acuerdos que permitían transitar a un Estado en
construcción democrática.
La creación de órganos garantes
buscaba dar seguridad a los ciudadanos de que se estaban protegiendo sus
derechos y edificando así una mejor sociedad. Todo parecía estar bien, estos
órganos garantes serian autónomos, especializados, imparciales y colegiados.
Tendrían personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de
gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su
organización interna.
Dichos órganos serian competentes
para conocer de los asuntos relacionados a su materia, como instituciones
ciudadanizadas, actuarían con independencia de los poderes tradicionales que no
responderían a intereses políticos o de poderes facticos particulares.
Una de las instituciones que
generaron confianza en los procesos electorales fue el entonces IFE, la
imparcialidad y certeza eran la carta de presentación del instituto, pero todo
acabo con la polémica elección del año 2006 y la negativa del consejo para
revisar los paquetes electorales de la elección. Por si fuera poco asistimos a
la elección de 2012 con dudas sobre el papel de la autoridad electoral y un
desarrollo fatal, el final lo conocemos todos.
Vino después la integración del
actual INE y la inclusión como consejeros de algunos de sus críticos, sus
entonces críticos hoy son burócratas de alto salario, con prebendas exclusivas
y apoyos extraordinarios.
Hoy el naciente INE se encuentra en
una polémica más, la empresa española Scytl - contratada para
desarrollar el Sistema de Contabilidad en Línea para partidos políticos en
periodo de campañas- ha iniciado un proceso legal en contra de la entidad
electoral por incumplimiento de contrato. La razón, Scytl tenía
que entregar el “sistema de contabilidad” el 14 de diciembre pasado, pero que
fue hasta el día 2 de enero que el INE les otorgó información referente a las
especificaciones del sistema.
El director de Scytl,
Pere Vallès señaló: “a pesar de eso, nos comprometimos a tener el sistema en
marcha para el 3 de marzo, cuando empieza el periodo de campañas (…) y nos
sorprende que (…) se nos haya cancelado el contrato”. El tema no tendría mayor
trascendencia que una disputa contractual, pero lo grave del tema son las
afirmaciones de Pere Vallès: “no fueron razones técnicas que llevaron a la
rescisión del contrato, sino que fue por razones de otra índole […] intereses
políticos que son contrapuestos o de participantes que no tienen los intereses
completamente alineados, que no quieren que el proyecto salga adelante”.
Si tenemos en cuenta estas
declaraciones, los focos rojos, están prendidos desde ya. ¿Quiénes son los
mandatarios de estos intereses políticos? ¿Quiénes en el INE pretenden impedir
que haya fiscalización a los partidos políticos? ¿De qué consejeros ciudadanos
debemos desconfiar? Lorenzo Córdova otrora paladín de los “procesos limpios”
tiene muchas explicaciones que dar. Parece que tenemos un INE bananero. Pobre
INE tan lejos de los ciudadanos y tan cerca de los poderes fácticos.
Por hoy es todo, nos leemos la
próxima. Carpe diem.
