Ocurrió justamente
hace un año, el 30 de junio de 2014, cuando supuestamente producto de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del
Ejército mexicano, en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de
México, cayeron abatidas 22 personas.
En la versión oficial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), sostuvo
que los “presuntos delincuentes” atacaron primero a los militares que
patrullaban la zona, y que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos; derivado
de ello, los miembros del ejército mataron a todos. Un día después el 1 de
julio Eruviel Ávila afirmó: “el ejército en legítima defensa abatió a los
delincuentes”.
Según
la Procuraduría General de la República (PGR) elementos del Ejército ejecutaron
a 8 de los 22 fallecidos esa madrugada. No obstante, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) asegura que fueron 15. Más contradicciones se sumaron,
de acuerdo con la PGR, fueron tres militares los que entraron a la bodega para
ejecutar a algunos de los heridos después del enfrentamiento; pero de acuerdo
con la CNDH fueron ocho soldados.
Aún
con esas contradicciones, se empezaba a creer la versión oficial y parecía un
caso cerrado; no obstante, casi dos meses y medio después, la revista Esquire México y la agencia The Associated Press publicaron el
testimonio de una mujer que presenció los hechos. En la nota publicada por
Pablo Ferri Tórtola para Esquire, Julia, la testigo aseguró: “Ellos (los
soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la
vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta
madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos
salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se
rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los
mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que
‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los
mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los
quejidos”.
Una
semana después, el 8 de julio de 2014, un reportaje de la agencia estadounidense The Associated Press planteó dudas sobre la versión de que todos los “presuntos delincuentes” hubieran muerto. En respuesta el 15 de julio del años
pasado, la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado en el que afirmaba:
“No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue
proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en
que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible
ejecución”.
¿Complicidad,
abuso de autoridad, ejecución? El punto es que un año después, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para
que “incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener
responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de
derechos humanos” cometidas en el supuesto enfrentamiento.” Desde Ginebra,
Cécile Pouilly, Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
advirtió: “A pesar de que un oficial y seis soldados están esperando juicio,
hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus
investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían
tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones
de derechos humanos.”
El
caso Tlatlaya es sin duda otro grave golpe contra la confianza del ejército
mexicano, uno más que se suma al de caso Ayotzinapa, y es más grave aún, porque
el Estado, representado por los soldados vulneraron los principios de
legalidad, se excedieron en su papel y abusaron de la fuerza. Un ejército así,
poco confiable, no tiene sentido de pertenencia con el pueblo al que dice
proteger y del que se supone se integran sus filas.
Pero
más allá de ello, de los brazos ejecutores, existen también civiles que deben
ser investigados, servidores públicos y funcionarios del gobierno de Eruviel
Ávila en el Estado de México, terruño del señor de Los Pinos. ¿Hasta dónde debe
llegar la investigación del lado de los no militares? Probablemente a gente muy
cercana de Eruviel. Lo cierto es que Tlatlaya no se olvida, ni se debe olvidar.
Por
hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe
diem.
