WALMART Y LA LEGISLACIÓN NECESARIA

@iusfilosofo

Mientras las huidas y refunfuños del candidato que da Pena, fueron nota local, los medios en el ambiente internacional vuelven a poner a México en el ojo del huracán, esta vez nada más y nada menos que por actos que caracterizaron al pasado priísta: la corrupción.

El pasado 21 de abril The New York Times informó de presuntos sobornos por 24 millones de dólares por parte de Walmart México a funcionarios para expandir sus tiendas; estos actos de corrupción, se dieron en 2002 y se intensificaron en 2005, el responsable, Eduardo Castro-Wright, entonces director de la filial.

El punto relevante es que fue en el extranjero que se tuvo que documentar que desde el gobierno federal se dieron “facilidades” para que la transnacional Walmart abriera tiendas. El ejemplo más claro es que en Quintana Roo la Semarnat autorizó el cambio de uso de suelo de uno de los terrenos forestales para el proyecto Walmart Supercenter La Cruz, en Playa del Carmen, aun cuando no se verificó que se cumplieran recomendaciones del informe de impacto ambiental.

Los mexicanos nos enteramos de estos actos pues estos hechos implican violaciones previstas en la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) de Estados Unidos, y consecuentemente el Departamento de Justicia puede iniciar las pesquisas necesarias para investigar el caso.

Y mientras eso ocurre en Estados Unidos, en México tuvo que pasar casi una semana para que la PGR informara que determinó iniciar una investigación por actos de corrupción de directivos de Walmart México. Así la procuraduría delego dicha investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, misma que se radicó en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Pero más allá de la reacción tardía del gobierno federal lo cierto es que el en materia del marco legal volvimos a llegar tarde; EEUU Estados Unidos promulgó su ley en 1977, la OCDE firmó su convención antisobornos en 1999 y la ONU hizo lo mismo en el 2003. Pero en México apenas el pasado mes de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas  y el pasado 24 de abril el Senado aprobó dicha ley que impone sanciones millonarias a quienes ofrezcan, prometan o entreguen dinero a servidores públicos para obtener ventajas en las contrataciones publicas del gobierno federal.

Aunque la ley aprobada, contempla multas para las empresas o personas morales que incurran en actos de corrupción que van de los 10 mil hasta los dos millones de salarios mínimos y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas hasta por 10 años. Des igual forma las sanciones administrativas se aplicarían a aquellas personas físicas o morales que prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de obtener un beneficio en el procedimiento de contratación.

No obstante, dicho marco legal tiene limitaciones una de ellas que sea la Secretaría de la Función Pública la responsable de iniciar la investigación, ya que como recordaran desde allí se prometió durante el gobierno del Platero con botas, en voz de Francisco Barrios, hoy con Salvador Vega Casillas en dicha secretaria y Calderón en Los Pinos, los “tiburones y peces gordos” de los que hablaba Vicente Fox siguen nadando tranquilamente y el caso Walmart es un ejemplo de ello. ¿Qué otros casos más faltan por conocer?

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.