TUFO AUTORITARIO

Han pasado seis años, -aquel primero de septiembre de 2006- en el que el entonces coordinador de los senadores del PRD Carlos Navarrete Ruiz cuestionaba duramente el operativo que se había dispuesto entorno de la Cámara de Diputados en ocasión de la apertura del primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

En aquella ocasión los mexicanos veníamos de un complicado proceso electoral y de una reacción post-electoral sin precedente en la historia contemporánea del país. Una elección cuestionada y un triunfo dudoso, sumado a la presunción de Vicente Fox que sin empacho alguno confesaba que había ganado dos elecciones la suya y la de Calderón.

En septiembre de hace seis años, en el uso de la tribuna, Navarrete Ruiz exponía en su discurso:

Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras. ``En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación''. Esto dice el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿En qué momento, ciudadanos legisladores y legisladoras, cuándo este Congreso aprobó la suspensión de garantías contemplada en el artículo 29 constitucional?

¿Por qué a las afueras de este Palacio Legislativo y a varios kilómetros a la redonda se han suspendido de facto las garantías que establece nuestra Constitución?

Un impresionante e indignante operativo de fuerzas de seguridad del Gobierno Federal tienen cercada a la casa del Congreso. Por tierra y por aire se agrede a los representantes de la nación y se impide, se impide que los ciudadanos ejerzan las libertades que la ley les otorga.

El último párrafo del texto que cito de Navarrete Ruiz, pareciera que describe la situación actual de los entornos del reciento de San Lázaro, con una salvedad, a diferencia de hace seis años, en esta ocasión se dejaron sin servicio varias estaciones del metro, aunado al bloqueo de calles y la exigencia de militares disfrazados de civiles pidiendo a los habitantes de esas colonias se identifiquen, para permitirles el acceso a calles que los llevan a sus casas. Más indignante y violatorio de las garantías no puede ser.

Es claro que el operativo dispuesto en los entornos de San Lázaro, no es ajeno a quien ocupará Los Pinos a partir del primero de diciembre, por más que  Murillo Karam sostenga que el operativo tiene el objeto de “garantizar la paz, la tranquilidad, la circulación y, al mismo tiempo, la seguridad de todos”.

Lo cierto es que pareciera una respuesta violenta contra los habitantes de la ciudad de México, quienes en julio pasado optaron por no votar por una opción que representaba un regreso al pasado optaron por no votar por el PRI, un partido que todo el tiempo negó lo que hoy demuestra, autoritarismo.

Este operativo y la vulneración de garantías constitucionales - entre ellas la de libre transito respaldadas en el artículo 11 constitucional-  no tienen fundamento legal superior a lo que la carta magna estable; no hay mayor respaldo que absurda demostración de poder violento de quienes detentaran el ejercicio del poder público a partir del primero de diciembre.

Esta vulneración a la Constitución no puede ser aceptada por el Congreso, no al menos por los partidos de izquierda y ni siquiera por el PAN que deja el poder. Permitir el excesivo desplazamiento del Estado Mayor Presidencial (EMP) que intimida y golpea ciudadanos – como el caso de Robles Maloof – como símbolo de la impunidad que precede a la represión autoritaria.

Los legisladores esta obligados a defender los principios plasmados en la Constitución, no a cuidar los votos en un año electoral que ya concluyo, por eso la actitud mediocre y de parapeto de Silvano Aureoles, no es menos que vergonzoso y patético.

Si la representación del PRD en el Congreso de la Unión -Aureoles o Barbosa- pretenden callar para simpatizar al viejo PRI, estarán cavando su propia tumba y dando la razón a López Obrador, quien ha criticado el rumbo que ha tomado ese partido.

En fin, estemos atentos a la sesión de hoy en la Cámara de diputados y a las posiciones sobre el tema de las fracciones parlamentarias.

Desde aquí mi apoyo y solidaridad a Jesús Robles Maloof, quien cumpliendo con su responsabilidad cívica y en ejercicio de sus derechos, fue golpeado por miembros del EMP mientras preguntaba el fundamento legal de dicho operativo.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.