La
palabra “ley” proviene del latín lex de legare,
ligar. Regla obligatoria o necesaria, puede tomarse como un acto de autoridad
que ordena o permite una cosa. También, como condiciones necesarias que derivan
de la naturaleza de las cosas. (ANAYA CADENA: Diccionario de
Política: México, 1997)
No
obstante el término ley puede ser empleado en varios sentidos. Por ejemplo,
cuando hablamos de una regularidad de fenómenos en la naturaleza o de ciertas
situaciones sociales que no precisamente atienden al estricto sentido de la
palabra ley.
Las
leyes sociales son producto de la acción de los hombres y, por más firmemente
establecidas que estén, pueden ser transformadas por la propia acción humana.
Su cumplimiento es obligatorio y suponen la existencia de un poder coercitivo
que castiga su inobservancia.
El
Derecho como sistema jurídico es, un fenómeno de carácter universal, porque ha
existido en toda comunidad humana, y su estricto cumplimiento está vinculado
al Estado de Derecho. Pero ahora que escuchamos discursos sobre la
importancia del Estado de Derecho, debemos advertir que este modelo no es por
sí mismo garante de distribución de riqueza, ni de compensación de las
desventajas de las clases bajas o del fin de la inseguridad o delincuencia.
El
concepto de Estado de Derecho como gobierno de la ley, supone la existencia de
una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo un verdadero
ciudadano. Es decir un civis.
Aunque
el tema puede parecer sencillo debemos tener presente que las sociedades con
menor tradición democrática tienen que realizar este aprendizaje como una
constante defensa del principio de legalidad contra los valores que confían a
la fuerza y el autoritarismo la solución de los conflictos sociales. En
contraparte las sociedades con larga tradición democrática han aprendido que el
respeto a la legalidad ha consolidado este aprendizaje por conducto de sus
instituciones familiares, educativas, de gobierno y privadas.
Nuestro
país, desde luego, no entra en esta hipótesis; no cuando el Derecho y el
cumplimiento de la ley se utilizan de manera discrecional, o donde las
influencias o fueros son usados para dar vuelta a una norma o simplemente para
evitar cumplirla.
Un gran
reto que tenemos es entender que el Estado de Derecho es, frente al riesgo del
ejercicio despótico del poder político, ese ejercicio del poder, generalmente
local que se encarga de utilizar a sus Diputados para reformar a conveniencia
el marco jurídico que prohíba usar el ejercicio de la libertad de expresión y
manifestación, cuando se trata de exigir el cumplimiento derechos y el respeto
a libertades fundamentales de los ciudadanos.
En el
Estado de Derecho podemos encontrar la única vía para castigar los abusos de
los corruptos y limitar las acciones autoritarias de los caciques locales.
Porque incluso en el ejercicio de la desobediencia civil lo que se busca en el
fondo es el cumplimiento y vigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho
y su cumplimiento debe ser un instrumento de construcción de una sociedad
democrática, igualitaria y justa, no se le debe temer.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
