La justicia es el pan del pueblo: siempre está hambriento de ella
Chateaubriand
De una u otra forma, los mexicanos tenemos una opinión respecto del poder Legislativo y sobre el poder Ejecutivo, pero por muchos años -no gratis desde luego- el poder Judicial no existió como referencia de opinión de los mexicanos.
Para bien o para mal, el poder Legislativo, en el imaginario colectivo del mexicano y particularmente los diputados en su cámara, estuvo de facto, sujeta a los caprichos del presidente en turno, eran los signos de la hegemonía política de país. Se hablaba de los diputados y de los senadores, -más de los primeros- como simples levanta dedos, supeditados a la orden del “señor presidente”. Pero del poder Judicial no se hablaba, no se tenía comentario alguno, era para decirlo de forma elegante, un afta del poder Ejecutivo.
Se asumía que para estar bien con la “justicia”, bastaba con ser amigo del presidente. De ahí su debilidad institucional, su presencia social, su referencia discursiva nula. En el septuagenario régimen era distintivo que el derecho estuviera supeditado a la política, y tal afirmación se confirma con las reformas que desde el constituyente de 1917 tuvo este poder.
Es importante precisar que las reformas más importantes fueron las de 1987, 1994, 1996 y 1999; el objetivo era darle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un carácter diferente, el de tribunal constitucional. Así con las reformas se pretendió transferir a los tribunales colegiados de circuito facultad para resolver en última instancia los juicios de amparo; la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el establecimiento de la carrera judicial, la inclusión del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación
La reforma de 1994 redujo de 26 a 11 a los integrantes de la Suprema Corte y estableció un periodo de 15 años sin posibilidad a reelección. Un ejemplo de lo anterior son los datos que aporta Susana Berruecos(1) quien señala que:
Entre 1917 y diciembre de 1994 se presentaron sólo 55 controversias
constitucionales ante la Corte. En contraste, de 1995 a 1997 se presentaron
116 controversias constitucionales y para abril de 2000 había en la
Corte 103 demandas, de las cuales 61 estaban acumuladas
desde 1998 y 42 se había recibió durante 1999.
Este es un ejemplo que ilustra el papel que jugaron las reformas constitucionales para activar y fortalecer a la Suprema Corte; no obstante este fortalecimiento, la percepción de la opinión pública respecto al tema de la justicia en México no es diferente. Como bien señalan Fix Fierro y López Ayllón:
No se requiere una gran investigación para darse cuenta que
un sector mayoritario de la población carece de tal acceso efectivo,
al menos a las instituciones judiciales, ya que se han creado
numerosas organismos de la llamada “ justicia informal”, como
las comisiones de derechos humanos, o las diversas “procuradurías”
que pretenden paliar dicha falta de acceso. (2)
Como se puede observar, la afirmación sostenida por los referidos, refleja la necesidad del Estado de encontrar caminos alternos, no meramente jurisdiccionales que enfrenten las controversias que se puedan suscitar entre quienes habitamos este país. Sin embargo Fix Fierro y López Ayllón hacen también una advertencia digna de tomar en cuenta:
(…) el recurso a los tribunales no es la única manera en que
se resuelven los conflictos sociales; dicho en otros términos,
que solamente una fracción reducida de los conflictos de la
vida social se encauzan a la vía jurisdiccional, y aún de los que
llegan, sólo una parte concluye con una sentencia formal. (3)
Colocada a un lado de la siguiente afirmación, debemos expresar que durante los tiempos de la hegemonía priista, se tenía la percepción de que la justicia:
(…) era demasiado costosa, lenta, rígida e inflexible; que
propiciaba soluciones excesivamente antagónicas de “todo o nada”;
que en ocasiones profundizaba el conflicto, en lugar de resolverlo,
y que resultaba del todo inadecuada para tratar cierta clase de conflictos,
en los que la relación personal entre las partes era parte definitoria
de los mismos(4)
Eran los tiempos en que difícilmente los jueces eran protagonistas, donde la justicia parecía ser administrada por el mismísimo “Señor Presidente”, o el ejecutivo en turno en el caso de los gobernadores.
Lo anterior puede ampliarse en la investigación realizada por Volkmar Gessner en el México de mediados de los años setenta y que se publicó en nuestro país a principios de los ochenta, el cual confirma algunas de las suposiciones que parecen –aunque con menor medida- estar actuales.
El trabajo muestra la aversión de los particulares a llevar sus conflictos ante instancias oficiales, así como la influencia de la proximidad o la distancia sociales entre las partes sobre el tipo de desenlace a que pueden dar lugar. Un ejemplo que ilustra mi anterior afirmación es la que el autor expresa respecto del acceso a la justicia: “(…) se ve claramente que las capas con mayor ingreso demanda con mayor frecuencia”. (5)
Lo anterior no solo fortalece la idea de que la justicia llega a ciertos sectores sino que parece confirmar la expresión de Eduardo Galeano que afirma “La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”.
Así fue como se consideró a la justicia durante los tiempos de la hegemonía política, la pregunta es ¿Ha cambiado en algo desde entonces? Atrevámonos a responder. Nos leemos la próxima. Carpe diem.
------
(1) Citada por BEGNÉ Guerra Cristina, Jueces y democracia en México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM-IIJUNAM, México, 2007, p.25
(2) FIX Fierro, Héctor, Sergio López Ayllón, “El acceso a la justicia en México. Una reflexión multidisciplinaria” en Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Tomo I, UNAM-IIJUNAM, México, 2001, p.124.
(3) Ídem.
(4) Ibídem. p.125
(5) Volkmar, Gessner, Los conflictos sociales y la administración de justicia en México, traducción de Renate Marsiske, México, UNAM, 1984, p. 162.
