Una vez más, desde que Calderón desafío a la oposición y tomo posesión de la presidencia, la Cámara de Diputados volvió a ser protagonista, y caja de resonancia de las condiciones sociales y económicas, además de políticas que actualmente vive el país.
En esta ocasión con motivo del tercer informe que Calderón debió de haber entregado a dicha representación de forma personal y no por interpósita persona, Con el informe, entregado por Fernando Gómez Mont, que consta de dos tomos: el primero, con el contenido general de 724 páginas; el segundo, un anexo estadístico y finalmente un resumen ejecutivo, que se complementó con una nueva cápsula televisiva nocturna.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (michoacano nacido el 18 de agosto de 1962) no solo se burlo del pueblo mexicano, (los que votaron por el y los que no lo hicieron) sino que vulnero por cuarta ocasión la Constitución, al no cumplir con lo establecido en el artículo 69, de dicho ordenamiento, que establece: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.”
Un acuerdo de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores s
ustituyó la norma constitucional que obliga al titular del Ejecutivo a entregar por escrito su Informe anual sobre el estado que guarda el país. Así, el Congreso de la Unión aceptó del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el documento en un encuentro protocolario, prácticamente privado, pues se impidió el acceso no sólo a los diputados, sino también a los medios de comunicación, y no duró más de cinco minutos.
Y es que la reforma aprobada desde abril de 2007 a los artículos 69 y 93 de la Constitución, y publicada un año después, el 18 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, no ha podido (o querido) ser reglamentada por el Congreso, para fijar con claridad los límites y alcances de ese mecanismo.
Por ello la intervención del Diputado Jaime Cárdenas Gracia, Doctor en Derecho e investigador del IIJ- de la UNAM, fue mas que oportuna al señalar: “Se trata de un albazo. Me parece una falta de respeto a todos los integrantes de este Congreso de la Unión. Hay dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad de este acuerdo, que directamente pretende regular un precepto de la Constitución, los artículos 69 y 93, sin que exista una ley reglamentaria”. El Doctor Cárdenas planteó que la única solución sería que Calderón, como establece el artículo 69, presentara personalmente su Informe al Congreso, “porque no hay que olvidar que, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo es un solo individuo, que se llama Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estamos rompiendo con el orden constitucional, por lo tanto, pido que se abra un periodo de discusión y de debate en torno a este acuerdo”.
No obstante, el cuasi sexagenario diputado panista Francisco Javier Ramírez Acuña (Jamay, Jalisco; 22 de abril de 1952) presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se limitó a recordar que desde el domingo, la mesa directiva trabajó para llegar a un acuerdo y solicitó también al pleno, en votación económica, aceptar o no la propuesta de discusión presentada, la mayoría voto por no discutir y así se decretó un receso para que los presidentes de las mesas directivas acudieran al salón de protocolo a recibir el tercer Informe.
De esta forma Ramírez Acuña y Carlos Navarrete, presidentes de la mesas directivas de la Cámara de diputados el primero y de senadores, el segundo, se limitaron a recibir dicho documento y regresar al pleno camaral para reiniciar la sesión, dar cuenta de la entrega del documento y abrir la ronda para que cada grupo parlamentario presentara su posicionamiento político en torno a la administración de Felipe Calderón y la agenda legislativa de cada partido.
Con dicho acto, las fuerzas políticas alojadas en la Cámara de Diputados, tienen la tarea ineludible de reglamentar en torno a dicho vacio jurídico, y no dejar de lado la necesidad de que el titular del Poder Ejecutivo asista, escuche y debata, con los representantes de la nación las condiciones en que el país se encuentra hasta el momento de dicho acto.
El argumento de que con no asistir al Pleno del Congreso de la Unión, para entregar su informe, el titular del Ejecutivo, acaba con “el día del presidente” es falso; pues solo se remite a ver una parte del problema. En el fondo esta la falta de consensos a favor de Calderón; la incapacidad de su partido para tener una mayoría parlamentaria que le permita el control absoluto de Congreso de la Unión; la cuestionada legitimidad por la forma en que llego a Los Pinos, tras la elección de julio de 2006; las crisis económica, social, política y de salud, en que se encuentra el país; el desempleo; la inseguridad pública; la falta de oportunidades para el desarrollo humano, en fin, bastantes temas de la agenda publica nacional que no se quieren ver ni oír.
El reloj político y legislativo y la válvula social inician el retroceso, ¿Hasta donde aguantara el país? ¿Que será necesario que ocurra para que los poderes públicos se den cuenta de la realidad social? ¿Y cual es el papel que los formados en derecho debemos jugar ante dicha situación? Confió en que la respuesta no llegue tarde.
