Para iniciar con un clásico, podría decir que
es el gobernante el que crea el estado de guerra cuando incurre en cierto tipo
de arbitrariedades que incitan a los pueblos a la rebelión. Un ejemplo de ello
es lo que acaba de ocurrir el fin de semana pasado, cuando miles de ciudadanos
salieron a las calles del DF para avisarle al gobierno federal que lo están
vigilando y que disienten de su visión sobre temas relevantes, como las
libertades que se vulneran en la iniciativa que envió al senado el Sr. Peña.
Y es que si un gobierno vulnera la
Constitución, hace uso de la fuerza sin tener derecho a ello, y simplemente
actúa contra la ley, se coloca en un estado de guerra respecto de sus
gobernados. Es de esta forma y atendiendo a la teoría contractualista
-influenciada en la Constitución- que es el pueblo quien decide cuándo se
ha roto la confianza en su gobierno y tiene el poder para revertir los abusos.
Basta recordar que la soberanía no se agota de
manera alguna en el terreno del poder, pero si concentra nuestra atención en la
forma más significativa y peligrosa que el poder puede adquirir cuando se trata
de controlar a los ciudadanos para evitar la crítica y cuestionamiento a sus
acciones.
Y es que las iniciativas de leyes secundarias
que se están discutiendo y que se van a discutir, están muy alejadas de las
necesidades de los mexicanos y de la realidad que vivimos, y en consecuencia se
perciben poco o nada legítimas.
La legitimidad parece pues, el elemento
integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal.
Desde el punto de vista sociológico y no jurídico, se comprueba que el proceso
de legitimación no tiene como punto de referencia al Estado en su conjunto,
sino sus diversos aspectos, como la comunidad política, el régimen, el gobierno
y, cuando el Estado no es independiente, el Estado hegemónico al que está
subordinado.
Un caso que ilustra la referencia anterior, es
lo que publica esta semana el semanario Proceso. En un texto de
Lidia Cacho que alude a Las muertas del estado. Feminicidios
durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, de los
periodistas Humberto Padgett y Eduardo Loza. El texto que es el prólogo que
Cacho elabora para el libro, describe lo que ocurrió y está ocurriendo en el
Estado de origen, de quien ocupa actualmente Los Pinos, el
asesinato de mujeres.
Cacho dice que Peña Nieto: “Eligió
ignorar lo que las voces más conocedoras y prestigiadas en materia de violencia
contra mujeres le dijeron en foros públicos, en redes sociales, en sesiones
privadas, en artículos periodísticos, en informes de Derechos Humanos”. Y
es cierto, Don Peña, prefirió el montaje de un estado feliz, que no ensuciara
sus aspiraciones presidenciales.
Y hablando de montajes, lo mismo ocurre con el
caso de Regina Martínez, mujer audaz y valiente que daba vida a la palabra
periodista. Fue este 28 de abril que se cumplieron dos años de su asesinato y
las conclusiones de su homicidio, son inverosímiles y el único detenido, ha
sido absuelto.
Lo cierto es que en este caso y ante la
incapacidad de la autoridad para dar plena cuenta a la investigación, aparecen
argumentos descalificativos para hacer creer que se lo “merecía” y arguyen “el
robo” o el “crimen pasional” para dar fin a la investigación, estas son
conclusiones poco serias, irrespetuosas e inmorales propias de un gobierno
incapaz.
El caso de Regina como el de muchos
periodistas y reporteros de Veracruz deben esclarecerse y no permanecer en la
impunidad, a pesar de los montajes.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe
diem.
