SONRIENTE IMPUNIDAD

@iusfilosofo

Impunidad, del vocablo latino “impunitas”,

término que refiere a la falta de castigo.

Mientras Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que el empoderamiento económico de las mujeres y la lucha contra la violencia de género son tareas que van de la mano y se fortalecen mutuamente. En Michoacán  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha contabilizado en lo que va del año al menos 50 homicidios de mujeres, de los cuales la Procuraduría General de Justicia de Michoacán sólo reconoce seis feminicidios.

Aunque el tema es grave solo tres municipios han declarado alerta de género: Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas. Vale la pena recordar que según el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres). Michoacán se encuentra en el lugar 14 de estados con feminicidios, de los cuales el 98 por ciento se encuentran impunes.

Y hablando de impunidad la expresidenta municipal de Monterrey Margarita Arellanes Cervantes y su exsíndica segunda, Irasema Arriaga Belmont, obtuvieron un amparo para evitar ir a prisión. A la señora Arellanes Cervantes se le acusa de ejercicio abusivo de funciones y de haber desviado más de 17 millones de pesos, de los cuales más de 7 millones de pesos fueron para un bufete de abogados, que tiene la tarea de protegerla a ella y a sus colaboradores de posibles denuncias penales cuando dejaran su función.

Y ahora que hablamos de penales, ayer el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a la chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales, contra la formal prisión, al declarar inconstitucional la investigación que se realizó en su contra pues según la autoridad se violaron sus derechos a la defensa y el debido proceso. De esta forma se cancela el juicio en su contra por defraudación fiscal de 4 millones 394 mil 682 pesos.

Ya que estamos hablando de millones de pesos, el PRI sigue guardando silencio en los casos de César Duarte (exgobernador de Chihuahua) y Roberto Borge Angulo (ex Gobernador de Quintana Roo) a quienes sus sucesores señalan ya de desvío de recursos públicos. Contra Cesar Duarte hay una denuncia desde septiembre de 2014 ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones, pero la PGR no hecho comentario alguno sobre dicho personaje. No sea que alrato se les escape como el otro Duarte.

Por cierto hablando del aludido, ayer una carta supuestamente firmada por Javier Duarte fue entregada en el Congreso veracruzano por Jorge Ramírez Tubilla, primo de la esposa de Duarte de Ochoa -Karime Macías Tubilla-. En la carta Duarte amenaza a los veracruzanos:” he decidido dejar sin efectos la licencia que en su momento solicité”. De ser cierto el cordobés estaría regresando a la gubernatura y se iniciaría una nueva etapa de escándalos. Por lo pronto, la mesa directiva del Congreso le dio hasta hoy para que ratifique dicha solicitud, veamos que ocurre.

Los casos que referí son ejemplos claros de la sonriente impunidad en la que vivimos y a la cual nadie parece querer detener, al menos no la autoridad responsable.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

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LOS DUARTE FRENTE A LA SCJN

@iusfilosofo

Ayer los personajes de negro, esos que ganan 520 mil 011 pesos por mes -salvo Luis María Aguilar Morales que tiene un sueldo mensual 651 mil 241 pesos- fulminaron el sello legal que olía impunidad. Ese sello legal disfrazado de “ley anticorrupción”, que había sido aprobado en los congresos locales de Chihuahua y Veracruz aprovechando la incondicional mayoría priista que tenían Los Duarte –Cesar y Javier-.

Eso que tantos compromisos políticos y económicos le costaron a los habitantes de los estados de Chihuahua y Veracruz –porque los incentivos a los diputados no salió del bolsillo de los gobernadores- fue aplastado ayer con la unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bastaron poco más de 90 minutos para que los togados determinaran que aunque los congresos locales de ambas entidades tienen la facultad de legislar, no hay duda que se adelantaron a emitirlas y determinar su entrada en vigor, tal como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR) en su exposición contra de esas dos entidades.

En su argumentación Cossío Díaz –ministro ponente- al referirse a la “Acción de inconstitucionalidad 58/2016, promovida por la Procuraduría general de la República, demandando la Invalidez de diversas Disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de chihuahua” sostuvo que “las autoridades emisora y promulgadora no contaban con la competencia para expedir la normatividad local y configurar sus sistemas locales anticorrupción, sino hasta que se emitieran las leyes generales en la materia.”

El quincuagenario colimense, expuso que la mecánica transicional de la reforma al sistema nacional anticorrupción -publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015- “tiene la peculiaridad de que los artículos que constituyen la base sustantiva constitucional de las leyes generales, no entran en vigor, sino hasta la misma fecha en que lo hagan éstas; es decir, entran en vigor de modo simultáneo.(…) Esto no quiere decir que se despoje a las legislaturas locales de la competencia para legislar en la materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, sino que al hacer depender la entrada en vigor de todo el entramado normativo constitucional a la entrada en vigor de las leyes generales, el ajuste y adecuación de las normas tanto federales como locales correspondientes debe hacerse hasta en tanto este sistema constitucional efectivamente haya entrado en vigor y esto sólo sucede hasta que entran en vigor las leyes generales”.

Sobre el tema de la “Acción de inconstitucionalidad 56/2016, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución política y de las leyes de fiscalización superior y rendición de cuentas, orgánica de la fiscalía general y orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz”, la ponencia corrió a cargo del otro quincuagenario pero este de Coahuila, Javier Laynez Potisek.

En su exposición, el ministro ponente -a quien pagaremos su salario hasta 2030- dijo: “para mí, el vicio de inconstitucionalidad ya se dio en los hechos que hayan podido ocurrir hasta el día de hoy, pero también a futuro, para que no pudiese haber alguien que, recordando que para el derecho administrativo sancionador aplican los principios del derecho penal, pues pudiera decirnos: aquí hay un problema de origen de la norma.”

El caso de Veracruz generó mayor discusión en el pleno, porque allá fueron más aguzados al momento de aprobar y poner en vigor la entrada de la ley, pues la misma entra en vigor después de la Ley General. Así, en su intervención la septuagenaria chiapaneca Margarita Beatriz Luna Ramos argumentó a favor de la resolución “no puedes legislar en este tiempo hasta que esté la ley, mientras tanto está vigente tu ley de responsabilidades anterior.”

La resolución de la SCJN pone fin al tema de las leyes ad hoc en materia de “anticorrupción” en Chihuahua y Veracruz, pues transgredían los artículos transitorios de la reforma a la Constitución Federal, al no respetar la veda temporal para que las entidades legislaran sobre el tema.

Lástima por Los Duarte, que apostaron a la impunidad, a la desmemoria, a la sociedad desorganizada, a que Peña y su equipo se hicieran de la vista gorda permitiendo que ellos hicieran su voluntad. Los Duarte que se enriquecieron durante su mandato, que favorecieron a sus amigos y familiares, y que construyeron un nicho de bienestar.

Veamos que ocurre en otros Estados donde sus gobernadores a la vieja usanza, buscaran protegerse a través de la legislación y personajes afines.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

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