martes, 27 de septiembre de 2016

NO CALLAR, ACTUAR





@iusfilosofo |

¿Que representa que tengas un hij@, esperanza de la familia, a quien con esfuerzo y sacrificio mandas a estudiar una profesión y de pronto de la noche a la mañana desaparezca? ¿Cuál es la sensación de no saber dónde está ni que le paso? ¿Qué tan terrible puede ser que no exista la certeza de si lo volverás a ver? ¿A quién acudir cuando se dice que la autoridad local es la responsable de la desaparición de tu hij@?
Han pasado ya dos años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y los padres de los desaparecidos siguen pugnando por encontrar la verdad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, tras el levantamiento que  policías municipales hicieran de los jóvenes para luego entregarlos a un grupo criminal.
Para los padres de los desaparecidos y para un gran grupo de mexicanos fuera y dentro del país, de nada sirve que José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, -hermana de los supuestos líderes de Guerreros Unidos- estén en prisión, pues desde el gobierno federal se ha protegido a mandos y tropas militares de aquella zona; mismo caso con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien no se toca en las investigaciones.
Los padres ya no creen en la autoridad, en esa Procuraduría General de la República (PGR) -encabezada por Jesús Murillo Karma y heredada a Arely Gómez González, quien parece dormir en su hamaca- que les mintió y construyó una “verdad histórica” en la que se afirmaba que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula. Para los padres y para un gran número de mexicanos hay una idea clara de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre: “Fue el Estado”, y lo es así por la sencilla razón de que los policías municipales- responsables de la desaparición- son agentes del Estado mexicano.
Por eso los padres y un gran grupo de mexicanos -fuera y dentro del país- salieron a las calles el día de ayer en más de 5 Estados del país, manifestaciones a las que se sumaron en ciudades como Nueva York, Ámsterdam, Países Bajos, y París, como parte de una jornada global de protestas organizadas por el segundo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cierto es que después del “fuera Peña…asesino” de aquel 2012 en la Universidad Iberoamericana y la creación del movimiento 132 que trajo en salsa al señor de los Pinos, no hay otro movimiento que esté generando tanto repudio dentro y fuera del país para exigir justicia, como el de Ayotzinapa.
Mientras eso ocurre, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es importante que se conozca la verdad de los hechos; y que los derechos de las víctimas sean reparados, además de que se tomen las acciones necesarias, esto en coincidencia con algunas conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
¿Cómo podemos colaborar los demás ciudadanos? No callar, actuar ¿Cómo actuar antes hechos así? Denunciando, utilizando las herramientas jurídicas y tecnológicas para denunciar los atropellos, organizarnos, divulgar, actuar. No callar, actuar se vuelve una condición necesaria para transformar nuestra realidad y construir un país mejor, no es un ruta sencilla, pero si necesaria.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.


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martes, 20 de septiembre de 2016

REALIDAD MEXICANA Y DESIGUALDAD EN RAWLS



@iusfilosofo


En 1971, a los 50 años, John Borden Rawls filósofo y profesor de filosofía política en Harvard publicó su obra Teoría de la Justicia. El filósofo consideraba que los principios de justicia que fueran objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, podrían contar con una validez universal e incondicional. Lo que Rawls pretendía era combatir y superar el utilitarismo, para ello creó una teoría: la de la justicia.
La justicia como equidad es el tema abordado por Borden Rawls, la concepción de la justicia del anglosajón se basa en dos principios:
1.   Toda persona que participa en una práctica tiene igual derecho a la misma libertad compatible con una igual libertad de los demás;
2.   Las desigualdades son arbitrarias a menos que razonablemente se resuelvan en ventajas para todos, y a condición de que las posiciones y las cargas a las que van ligadas, o que puedan derivarse, estén abiertas a todos.
Estos principios describen la justicia como la síntesis de tres ideas: libertad, igualdad y compensación por los servicios que contribuyen al bien común. En este sentido, la justicia se concibe en Rawls como la virtud práctica de entes que tienen intereses concurrentes en competición y pretensiones en conflicto y en la que cada uno tratará de hacer sus propios derechos frente a los demás. O para decirlo en palabras del referido autor: “la injusticia no surge de una falla humana, sino de una combinación fortuita de circunstancias que hacen fracasar el objetivo de las normas jurídicas”. (RAWLS; 2000,90)
Aunque Rawls hable de la “justicia como equidad” esto no implica que los conceptos de justicia y de equidad sean la misma cosa. La desigualdad a la que según Rawls hay que oponerse es aquélla que no supone ventaja “para todos” los implicados. Considera que todos deben beneficiarse de la desigualdad para que ésta sea admisible. Resultan injustificadas las desigualdades en las que las desventajas de unos tornan en ventajas para otros.
Pero esa idea contrasta con nuestra realidad, en nuestros país en la semana pasada fuimos testigos de cómo la desigualdad económica, social y cultural fue utilizada por los gobiernos del Estado de México, Puebla e Hidalgo para manipular a un grupo de ciudadanos y llevarlos al zócalo capitalino a cambio de “viaje gratis a la capital”, torta y frutsi, esa bebida que no puede faltar en toco acarreo priista.
La imagen del zócalo la noche del 16 de septiembre, es una escena que entristece, y lo es así porque aprovechándose de la desigualdad y la miseria, de las pobres condiciones de vida de muchos de los acarreados, el gobierno que debería velar por construir mejores condiciones de desarrollo prefiere mantenerlos así, marginados, miserables, susceptibles de manipulación y de control político.
Y mientras eso ocurría, unas horas antes un grupo de mexicanos protestaban contra el señor de Los Pinos, pidiendo su renuncia, y algunos otros pidiendo mejores condiciones de vida, seguridad pública y respeto a los que piensan diferente. Pugnando por un cambio de régimen, y quizá sea aquí donde valga recuperar una idea de Rawls en la que sostiene que “en un régimen constitucional los tribunales pueden acabar por ponerse de parte de los disidentes, y declarar la ley o la política rechazada por inconstitucional”. (RAWLS; 2000,333).
Pugnar por mejores condiciones de vida para todos, sigue estando vigente; luchar porque el respeto y cumplimiento del Estado de Derecho debe ser una bandera que no debe bajar guardia, exigir que ese Estado de Derecho se aplique para todos, debe ser una condición cívica que no debemos perder, solo así podemos ir construyendo un país con un presente diferente y un futuro mejor.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
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martes, 13 de septiembre de 2016

DE PRESUPUESTO Y CINISMO


@iusfilosofo| 

Números van y números vienen, y el recién llegado José Antonio Meade Kuribreña (de 47 años) -excalderonista y ahora peñista incondicional- tiene que operar la propuesta económica que su antecesor Luis Videgaray (alias el buitre) le dejo como herencia maldita. Pues ante las voces empresariales de más recorte al presupuesto, Meade Kuribreña ya adelanto que no hay espacio para un mayor recorte presupuestal.

Las voces que se han manifestado sobre el presupuesto coinciden en algo, todas están en contra. Algunas señalan que el recorte fue excesivo y otras más que no fue suficiente. No obstante, lo cierto es que el recorte al gasto será por 239,700 millones de pesos para el 2017. En su defensa Meade replica: “Es difícil encontrar elementos adicionales para haber hecho un recorte mayor. Yo creo que el recorte encuentra un buen soporte y creo que es positivo que el paquete no sorprenda”.

Lo cierto es que no todo es color de rosa, pues aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 existen recortes, éstos no afectan a todos, pues aunque el proyecto no considera aumento al salario del señor de Los Pinos, el truco está en las prestaciones, ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores, los cuales sumados ascienden a 13 mil 843 pesos.

La realidad es que el presupuesto está pensado en agradar a las calificadoras internacionales y no en mejorar la de vida de millones de mexicanos. Está orientado a ganar palabras de aliento de los organismos internacionales, pero no en resolver aquellas condiciones que mantienen a los mexicanos en la miseria, sin empleo, sin acceso a servicios de salud de calidad, sin acceso a la educación, a un medio ambiente sano, a la seguridad pública.

¿Cuánto subirá el salario de millones de mexicanos que actualmente laboran? Indudablemente no estará en condiciones de competir con el de los secretarios de Estado, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los del INE, con los del INAI, con el de los Senadores y Diputados Federales y también con el de los diputados locales, como los de Jalisco, que calladitos se dieron una cargadita a su dieta.

En Jalisco, los diputados son una parodia de sí mismos. Primero “a la discre” se dieron una ayudita, al pasar de 107 mil 235 a 116 mil 497 pesos mensuales brutos, un pequeño aumento de 9,257 pesos a cada uno. Vulnerando así el Pacto de Austeridad, Racionalidad y Transparencia del 18 de noviembre de 2015.  Y la declaración que corona dicha acción provino de la “Diputada ciudadana” María Elena de Anda Gutiérrez quien defendió: “hay economía suficiente para disponer del recurso y asignarlo a las partidas”. ¿De verdad?  ¿Y el salario de los empleados del Poder Legislativo, Señora Diputada? Luego, tras una oleada de críticas de diversos sectores esta bella Legislatura, la LXI, aprobó por unanimidad dar marcha atrás y seguir percibiendo lo mismo que en meses pasados.

En el marco de este cinismo, destacan los “Diputados ciudadanos” Augusto Valencia López (de 43 años) y la médico Consuelo Robles Sierra, -quien por cierto en sus redes sociales difunde más el trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara, que su labor legislativa- dichos diputados tienen el privilegio de solicitar “créditos VIP” al Congreso de Jalisco sin pagar intereses por esta prestación. Desde luego hay que incluir al Diputado pistolas: Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM) quien atacó con dientes y uñas, la iniciativa de la Diputada Rocío Corona que proponía eliminar el privilegio de los préstamos del Congreso, pues "no es banco, ni casa de préstamos". Y qué decir del “Independiente” José Pedro Kumamoto Aguilar, quien no chisto el aumento y sí voto en abstención la iniciativa de la diputada Corona Nakamura.

Así, entre presupuestos y cinismos se vive la realidad de este país, entre demagogias excluyentes y falsas austeridades que engañan a los ciudadanos y denigran los cargos que ostentan.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

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martes, 6 de septiembre de 2016

LOS DUARTE FRENTE A LA SCJN


@iusfilosofo

Ayer los personajes de negro, esos que ganan 520 mil 011 pesos por mes -salvo Luis María Aguilar Morales que tiene un sueldo mensual 651 mil 241 pesos- fulminaron el sello legal que olía impunidad. Ese sello legal disfrazado de “ley anticorrupción”, que había sido aprobado en los congresos locales de Chihuahua y Veracruz aprovechando la incondicional mayoría priista que tenían Los Duarte –Cesar y Javier-.
Eso que tantos compromisos políticos y económicos le costaron a los habitantes de los estados de Chihuahua y Veracruz –porque los incentivos a los diputados no salió del bolsillo de los gobernadores- fue aplastado ayer con la unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bastaron poco más de 90 minutos para que los togados determinaran que aunque los congresos locales de ambas entidades tienen la facultad de legislar, no hay duda que se adelantaron a emitirlas y determinar su entrada en vigor, tal como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR) en su exposición contra de esas dos entidades.
En su argumentación Cossío Díaz –ministro ponente- al referirse a la “Acción de inconstitucionalidad 58/2016, promovida por la Procuraduría general de la República, demandando la Invalidez de diversas Disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de chihuahua” sostuvo que “las autoridades emisora y promulgadora no contaban con la competencia para expedir la normatividad local y configurar sus sistemas locales anticorrupción, sino hasta que se emitieran las leyes generales en la materia.”
El quincuagenario colimense, expuso que la mecánica transicional de la reforma al sistema nacional anticorrupción -publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015- “tiene la peculiaridad de que los artículos que constituyen la base sustantiva constitucional de las leyes generales, no entran en vigor, sino hasta la misma fecha en que lo hagan éstas; es decir, entran en vigor de modo simultáneo.(…) Esto no quiere decir que se despoje a las legislaturas locales de la competencia para legislar en la materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, sino que al hacer depender la entrada en vigor de todo el entramado normativo constitucional a la entrada en vigor de las leyes generales, el ajuste y adecuación de las normas tanto federales como locales correspondientes debe hacerse hasta en tanto este sistema constitucional efectivamente haya entrado en vigor y esto sólo sucede hasta que entran en vigor las leyes generales”.
Sobre el tema de la “Acción de inconstitucionalidad 56/2016, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución política y de las leyes de fiscalización superior y rendición de cuentas, orgánica de la fiscalía general y orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz”, la ponencia corrió a cargo del otro quincuagenario pero este de Coahuila, Javier Laynez Potisek.
En su exposición, el ministro ponente -a quien pagaremos su salario hasta 2030- dijo: “para mí, el vicio de inconstitucionalidad ya se dio en los hechos que hayan podido ocurrir hasta el día de hoy, pero también a futuro, para que no pudiese haber alguien que, recordando que para el derecho administrativo sancionador aplican los principios del derecho penal, pues pudiera decirnos: aquí hay un problema de origen de la norma.”
El caso de Veracruz generó mayor discusión en el pleno, porque allá fueron más aguzados al momento de aprobar y poner en vigor la entrada de la ley, pues la misma entra en vigor después de la Ley General. Así, en su intervención la septuagenaria chiapaneca Margarita Beatriz Luna Ramos argumentó a favor de la resolución “no puedes legislar en este tiempo hasta que esté la ley, mientras tanto está vigente tu ley de responsabilidades anterior.”
La resolución de la SCJN pone fin al tema de las leyes ad hoc en materia de “anticorrupción” en Chihuahua y Veracruz, pues transgredían los artículos transitorios de la reforma a la Constitución Federal, al no respetar la veda temporal para que las entidades legislaran sobre el tema.
Lástima por Los Duarte, que apostaron a la impunidad, a la desmemoria, a la sociedad desorganizada, a que Peña y su equipo se hicieran de la vista gorda permitiendo que ellos hicieran su voluntad. Los Duarte que se enriquecieron durante su mandato, que favorecieron a sus amigos y familiares, y que construyeron un nicho de bienestar.
Veamos que ocurre en otros Estados donde sus gobernadores a la vieja usanza, buscaran protegerse a través de la legislación y personajes afines.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.


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