martes, 27 de octubre de 2015

SUEÑOS TOLUQUEÑOS


@iusfolosofo

Han pasado ya varios meses desde que en el Poder Legislativo se aprobaron las reformas estructurales, esas que traerían grandes beneficios a la mayoría de los mexicanos, pero lo único que hemos conseguido con ello es que se hicieran un par de spots (radio y televisión) que hablan de dichas reformas, uno de ellos por cierto tuvo que salir del aire en pocos días, ante su poca estructura de lenguaje.
Las reformas que Peña y su equipo venden como grandes logros, no han superado la credulidad más simple, pues “los  beneficios” de centavos no tienen gran impacto en la economía familiar que día a día ve como “el súper salario” se diluye en alimentos, transporte, educación y salud. Y para condimentar el fracaso que han tenido hasta el momento esas reformas, la deuda externa de México, ascendió a 269 mil 941 millones de dólares al término del primer semestre de 2015, cantidad superior al monto actual de la reserva de divisas de nuestro país.
Tal ha sido el fracaso de las reformas estructurales en materia energética que ante la pobre participación en la primera licitación de la Ronda 1, el Gobierno mexicano decidió flexibilizar los requisitos de rendición de cuentas de las compañías interesadas en la segunda licitación según advirtió la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, dicha organización señala también que disminuyo, la participación del Estado mexicano en las ganancias del 40 al 30 por ciento.
Y para opacar más los sueños toluqueños este fin de semana el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman mató las esperanzas peñanietistas al afirmar la XIII Cumbre de Negocios que se celebró en Guadalajara: “Si están esperando ver un crecimiento de 7 por ciento por estas reformas estructurales, no es muy probable que suceda. Puede ser, pero me sorprendería”.
El economista afirmó que las reformas promovidas en México no han logrado acelerar el crecimiento económico del país, y eso lo viven millones de mexicanos que día a día enfrentan la realidad que dista mucho de lo que el señor de Los Pinos prometió con sus reformas.
El problema es que no solo los sueños toluqueños se diluyen, sino que lo hacen con ellos, la esperanza de desarrollo de millones de mexicanos y las muestras están ahí, a la vista de todos.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe Diem.


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martes, 20 de octubre de 2015

LEGISLAR PARA LOS QUE MÁS TIENEN


@iusfilosofo

Como en los mejores tiempos, allá en el romance legislativo de principios de los noventa, cuando era una prioridad procesar la legitimidad del salinato, ayer los diputados del partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) usaron su mayoría para imponer la voluntad dictada por las trasnacionales.
Ayer el binomio neoliberal que lleva décadas protegiendo los intereses de sus financiadores, volvió hacer de las suyas, como cuando subió el IVA, como cuando protegió a televisa, como cuando calló con canal 40, como cuando legislo a oscuras para ser “más transparente” al gobierno.
Como en los viejos tiempos del romance neoliberal, PRI Y PAN pulverizaron las propuestas de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y de movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para mantener la cuota de un peso por litro a todas las bebidas saborizadas, tal y como se había aprobado inicialmente en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS).
De esta forma, con 423 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, se aprobaron en lo general las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del IEPS, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para PRI Y PAN, el consumo de refresco que provoca 24 mil muertes al año no importa, La salud y el presente aterrador de los niños mexicanos pasan a segundo plano. Pues aun cuando el impuesto se traslada a los consumidores, al bajarlo, los refrescos se vuelven más accesibles y automáticamente aumenta su consumo.
Y así, nuestra legislación se vuelve a poner a la vanguardia al beneficiar a las refresqueras, pues la propuesta perdona en un 50 por ciento la cuota de bebidas azucaradas, y va en sentido contrario a la legislación internacional. Ya que de acuerdo a las organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) las autoridades deben cumplir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que consiste en subir el impuesto a refrescos de 10 al 20 por ciento, que se traduce en dos pesos por litro.
Así, solo así en México se legisla para los que más tienen: las refresqueras. Y se deja de lado la salud de millones de mexicanos, pues según datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, en México hay 34 millones de personas con sobrepeso y 26 millones con obesidad.  La diabetes tipo 2 afecta a 6 millones 500 mil mexicanos, y se estima que una cantidad igual sigue sin ser detectada.
Así, solo así en México se legisla para los que más tienen: las refresqueras. Pues tras la aprobación que les perdona impuestos, se dejarán de recaudar 522.5 millones de pesos que deberían ir a infraestructura en agua potable para las escuelas y a la atención médica de personas con diabetes, obesidad e hipertensión, asociadas al alto consumo de azúcar. Así, México se vuelve a poner a la vanguardia, legislar para los que más tienen.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
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martes, 13 de octubre de 2015

DERECHOS HUMANOS ¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?




@iusfilosofo

La semana anterior la Doctora Bárbara Cabrera en su columna Nornilandia, abordo el tema “MÉXICO: CRISIS DE DERECHOS HUMANOS” (http://bit.ly/1KZNFTC) en su aportación nos describió como el Estado mexicano ha minimizado la vulneración de los derechos Humanos en nuestro país ( Cananea, Sonora, 1996; Guerrero, 1960; Ciudad de México, 1968; Ciudad de México, 1971, “El Halconazo”; Aguas Blancas, Guerrero, 1995; Acteal, Chiapas, 1997; San Fernando, Tamaulipas, 2010; Tlatlaya, Estado de México, 2014; y, Ayotzinapa, Guerrero 2011 y 2014.”).
Debo advertir que esta posición no es nueva, pues fue durante el primer semestre de 1945 cuando el gobierno mexicano sostuvo una posición internacionalista por lo que hace a la protección de los derechos humanos en el sistema internacional, tanto en el ámbito regional como en las discusiones sobre la creación de Naciones Unidas. Durante ese tiempo, el gobierno mexicano apoyó la resolución XL, titulada Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre, que fue predecesora de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí se proclamó la adhesión de las Repúblicas Americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional para la salvaguardia de los derechos esenciales del hombre, y se favoreció un sistema de protección internacional de los mismos.
Más tarde, cuando en la década de los setenta comenzó a cobrar fuerza la construcción de redes transnacionales de derechos humanos en América Latina debido a los abusos de las dictaduras militares, éstas no se extendieron a México, y el caso mexicano pasó mayormente desapercibido en la escena mundial. A pesar de lo ocurrido aquel 2 de octubre de 1968 en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.
En 1969 nuestro país participó a fondo en las discusiones que condujeron a la redacción final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ante este escenario, el gobierno mexicano trabajo en restringir las facultades que el anteproyecto original contemplaba para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cabildeó en contra del establecimiento de una Corte Interamericana de Derechos Humanos con competencia jurisdiccional obligatoria. Al final, las objeciones de México (junto con las de otros países) fueron tomadas en cuenta, por lo que en el texto final se disminuyeron las facultades de la Comisión y aunque sí se creó la Corte, también se estableció que su jurisdicción tendría un carácter optativo.
Fue hasta 1981 que México se puso al corriente con algunos de sus compromisos internacionales: se ratificaron los principales tratados internacionales de derechos humanos, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PID CP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDES C) y la ya citada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hasta principios de los años noventa cuando los derechos humanos figuraron en la agenda de la política exterior de México, fundamentalmente mediante la participación del país en los organismos internacionales especializados en la materia.
De esta forma en febrero de 1989, (durante el gobierno de Carlos Salinas) Como parte de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos y un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocupando el cargo de primer presidente Jorge Carpizo. También se mandató la creación de comisiones locales en todos los estados de la República.
No obstante la inclusión en la agenda pública de sobre estos temas y la creación de las comisiones estatales. ¿Cuánto hemos avanzado? Tras 25 años de la su aparición, dichas comisiones han pasado a ser –en algunos casos- una secretaria más de la cual el gobernador en turno dispone para colocar a sus amigos y pagar compromisos políticos.
Así, sobre el tema de los Derechos Humanos hay mucho por construir, sobre todo por la forma en que los agentes del Estado: policía y ejército se desempeñan en esta materia con relación a los ciudadanos. Toca a nosotros difundir y promover el respeto y ejercicios de los Derechos Humanos.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
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martes, 6 de octubre de 2015

REVÉS OAXAQUEÑO


@iusfilosofo

Como si fuera poco lo que ocurre en el país, además de lo acontecido con el magisterio, el pasado 9 de julio el Congreso de Oaxaca aprobó muy al estilo de los viejos tiempos, la Ley Electoral. La historia como de cuento, relata que 24 diputados y diputadas del PAN, PRD, PT, MC, PUP  PSD y un legislador independiente se atrincheraron en la sala de juntas del PRD para “sesionar” y aprobar Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, todo acompañado de una trifulca con gases lacrimógenos.
Ayer Oaxaca, vuelve hacer noticia pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto por el que se creó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de ese Estado. La propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que existieron numerosas irregularidades por parte de los diputados de Oaxaca.
Los razonamientos parecen darnos luz de lo que se habla: “Primero: no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria del 9 de julio. Segundo: tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen de proyecto de ley a los integrantes del Congreso del estado, previo a la sesión o durante la misma. Tercero: ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen, y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político, de manera inmediata”.
Al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas, por separado, por el Partido Acción Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido local Unión Popular y por diputados de la 62 legislatura del congreso de Oaxaca; las elecciones del próximo cinco de junio se realizarán conforme lo establecido en la anterior legislación local y, de manera supletoria, con lo que establezca la legislación federal en la materia.
A dos días de que arranque de forma oficial del proceso electoral -8 de octubre- en Oaxaca, la resolución de los ministros invalidó el artículo 68 de la Constitución de Oaxaca que reducía a tres años el tiempo de residencia para quien aspire a ser Gobernador del estado. Esta propuesta fue modificada por la bancada del PRI para beneficiar al director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa –hijo de José Murat- al pasarlo de cinco a tres años. Por unanimidad, el pleno de la SCJN determinó que dicho precepto viola el Artículo 116, fracción II de la Constitución federal, que establece un periodo de residencia efectiva de cinco años para ocupar ese cargo.
En la elección del próximo año, estará en juego la renovación de la gubernatura, 40 diputaciones locales y 153 presidencias municipales. Y sin duda alguna, la disputa por el poder en ese bello Estado del país, prende todas las alertas a los partidos políticos, unos para impedir que regrese el PRI, otros para mantener en manos de la oposición la gubernatura.
El ejercicio jurídico que atestiguamos, debe servir de ejemplo para poner a trabajar a los ministros de la “tremenda” Suprema Corte, pues vaya que esos señores saben cómo vivir y servirse.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.


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