@iusfilosofo
No
terminan las historias de intrigas, corrupción e inseguridad en Veracruz. Los límites
de tolerancia hacia un gobierno nefasto, han quedado rebasados y los ciudadanos
tienen que responder enérgicamente a estos hechos expulsando a una generación
de políticos que no solo ha desmoronado las arcas públicas del Estado, sino que
ha mermado la tranquilidad de sus habitantes.
No
solo está el tema de los periodistas y reporteros que han sido secuestrados,
asesinados y amenazados. O el de empresarios intimidados por la delincuencia
organizada; peor les va a los ciudadanos que viven en la zozobra con el tema de
la inseguridad. Para ilustrar un caso más, ayer Anabel Flores Salazar joven reportera de El Sol de Orizaba, fue secuestrada por sujetos armados que
irrumpieron en su domicilio, en el municipio de Mariano Escobedo, los agresores
vestían uniformes tipo militar, portaban armas largas, cascos, pasamontañas y
chalecos antibalas.
La
cuestión de los cinco jóvenes secuestrados el 11 de enero pasado en Playa
Vicente, a manos de policías estatales para después ser entregados a “un grupo
de la delincuencia organizada” ha regresado a la agenda. Ayer en un comunicado,
la Secretaria
de Gobernación informó que tras el aseguramiento de un rancho en Tlalixcoyan,
Veracruz, se encontraron los restos óseos de dos de los cinco jóvenes.
Justamente
esta información se comparte públicamente en el marco de la reunión que
sostuvieron padres de los jóvenes desaparecidos con el Fiscal General del
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, acompañado por el Subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el Presidente de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón. ¿Coincidencias? Más de uno
duda de la eficiencia policial.
Por si
fuera poco, el pasado 5 de febrero Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana
(UV), informó que se denunció penalmente al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por
no cubrir el pago de subsidios por 2 mil 76 millones de pesos que se deben
desde 2013. Ladrón de Guevara expuso además que se promovió una demanda de
amparo contra la Ley
de Egresos del Estado, que reduce en 7 por ciento el subsidio de la institución,
respecto de 2015; lo que equivalente a 249 millones 844 mil 705 pesos al año.
Esta
situación sin duda vulnera el derecho humano a la educación, pero el
minatitleco secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, en respuesta a ello
y recordando sus viejos tiempos en los pasillos de la Facultad de Derecho de la
misma UV, en respuesta publicó una carta abierta en la que señaló que es la Casa de Estudios la que tiene
deudas con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Para aderezar esa
respuesta, desde la
Secretaría de Finanzas y Planeación se advirtió a la rectora
que el gobierno la puede requerir fiscalmente por esa supuesta deuda con las
arcas estatales.
Duro
golpe contra la UV ,
pero sobre todo a la sociedad veracruzana que tiene en esa Casa de Estudios la
oportunidad de acceso a la Educación
Superior
Así el
escenario en Veracruz, de ahí lo relevante de que los ciudadanos se involucren
en los temas fundamentales que permitan mejorar las condiciones de vida del Estado,
que participen de forma indirecta en la toma de decisiones, que exijan a sus
representantes populares velen por sus derechos. En este año de elección en
Veracruz se presenta la oportunidad, está en manos de los ciudadanos cambiar el
rumbo; esta es la agenda pendiente en Veracruz.
Por
hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe
diem. #TodosSomosUv.
2 comentarios:
Doctor, hoy nos presentas un texto necesario y altamente reflexivo. En Veracruz (hermoso y cultural Estado) se viven situaciones que además se extienden al resto del país.
Ese “gobernador” ha dañado hasta decir basta a quien ahí habita. Es preciso actuar, y el llamado a hacerlo es valioso.
Un gusto leer tu columna #Iusfilosofando.
Gracias por la valiosa aportacion que siempre le caracteriza Dr. Un abrazo.
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