Samuel
Hernández Apodaca
@iusfilosofo
En un debate que no existió, la Cámara de Senadores aprobó de forma controversial
el dictamen de la Ley
de seguridad interior con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Así cerró el 2017, de nada sirvieron las intervenciones de los senadores de
oposición, sus propuestas para intentar modificar el dictamen original
simplemente fueron aplastadas por una sorda mayoría.
De nada sirvió la advertencia de organismos internacionales que días
antes de la aprobación habían señalado los riegos de aprobar una ley con esas
características. En sus 34 artículos, la
Ley de Seguridad Interior, afirma que “Tiene por objeto
regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior ”.
Con afirmaciones amplias y ambiguas, el ordenamiento sostiene: “La Seguridad Interior
es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la
permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como
el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el
Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio
nacional.(Artículo 2).
Algunos de los puntos graves de la Ley de Seguridad Interior (LSI) son los que se
refieren a las “Acciones de Seguridad Interior” las cuales define como “aquellas
que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí
o en coordinación con los demás órdenes de gobierno”. Esta simple referencia
deja en manos del ejército la posibilidad de tomar acciones de forma
unilateral, para “identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y
amenazas a la seguridad interior”.
Así bajo el
argumento de la seguridad interior, el país será sometido a un Estado policial
y para ello basta echarle un vistazo a los artículos 29, 30 y 31 de dicho
ordenamiento en el apartado de la inteligencia para la seguridad interior. Si bien es cierto que la semana pasada un
grupo de diputados del PAN, PRD, MORENA y MC reunieron 188 firmas para interponer
una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
debo admitir que no soy optimista y adelanto que la Suprema Corte no
dará la razón a los legisladores. Así, solo después de los señalamientos
nacionales e internacionales, la oposición pudo conjuntar sus esfuerzos para
echar andar la maquinaria legal que ahora está en manos del máximo tribunal de
la nación.
A todo esto,
el posicionamiento de los precandidatos de la oposición no ha sido lo
suficientemente claro. No hay una postura argumentada y precisa de Ricardo
Anaya, ni de Andrés Manuel. Es más, legisladores de los partidos que respaldan
estas candidaturas permitieron la votación y dieron su respaldo a la
iniciativa. Del priista candidato no se puede esperar más que la defensa a
ultranza de la legislación aprobada.
No perdamos
de vista que una ley de estas características solo puede beneficiar a quien
ostenta el poder, ¿Sera acaso que quienes actualmente lo tienen no pretender
dejarlo? estemos pendientes del tema y no olvidemos que la Ley de Seguridad Interior fue
aprobada de forma atropellada y de cara a la elección de este año.
Por hoy es
todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
1 comentario:
Doctor, sin duda estamos ante la inminente militarización del país.
Merecemos un México mejor y candidatos verdaderamente comprometidos. Y coincido acerca de que ninguno tiene postura definida, excepto Meade, el priísta que dice no ser tal que la aplaudió.
Estamos atentos, divulguemos la información para generar conciencia y que este 1 de julio de 2018 sea ocasión para acudir todos a las urnas para votar para botarlos.
¡Gran texto! lo comparto en mis redes.
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