¿QUIEN NOS SALVA DE LA SCJN?

Fue la semana pasada, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detuvo la propuesta de consulta popular que el PAN había presentado, con la pregunta siguiente: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal de Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?”. 

Esta es la pregunta que el PAN proponía hacer en una consulta popular, pero la Suprema Corte detuvo con una mayoría de seis votos en el pleno, no obstante  que el ministro ponente José Ramón Cossío Díaz. Advirtió  que “contenía suficientes elementos que satisfacían la objetividad requerida por la ley aprobada por el Congreso de la Unión”. Los votos en contra fueron de Pardo Rebolledo, Luna Ramos, Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz-Mena, Zaldívar y Aguilar Morales.

Pues bien, como se puede observar, la pregunta no sólo es complica en su redacción en sí misma, sino que hace referencia a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocida como CONEVAL. ¿Será qué los ciudadanos saben de la existencia de este organismo y cuál es su función? Me parece que no.

El segundo round, fue la consulta sobre reforma energética, esta vez, por nueve votos a uno, el pleno de la Corte declaró improcedente e inconstitucional la consulta popular promovida por Morena y del PRD, nuevamente el voto disidente fue el de José Ramón Cossío.

La pregunta de Morena era: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorgue contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?” como se observa a diferencia de la pregunta panista, esta es más directa y sin ambigüedades. Por su parte la pregunta del PRD era: “¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”. Se observa amplia y abstracta para el conocimiento ciudadano.

Para los integrantes de la Corte, ambas preguntas son contrarias al espíritu del  artículo 35, fracción VII, apartado tercero de la Constitución, con el argumento de que los ingresos del Estado se verían afectados. Este es el mismo criterio que utilizaron para rechazar la consulta popular propuesta por el PAN. 

Finalmente la Suprema Corte declaró, por unanimidad, inconstitucional, y por tanto improcedente la consulta popular del PRI sobre la reducción del número de legisladores federales por vía plurinominal. Pues en opinión del ministro instructor Fernando Franco González Salas la pregunta impulsada por el PRI sobre la posibilidad de eliminar 100 de las 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías plurinominales es inconstitucional porque va más allá de lo que permite la propia Carta Magna.

Si bien es cierto la pregunta priista era una explotación demagógica de la fobia contra los legisladores, no es menos cierto que en esta coyuntura los tricolores querían un control del poder legislativo y nada mejor que disminuir a los representantes plurinominales.

El punto aquí es que el papel de la Suprema Corte se vuelve bastante cuestionada pues limita un ejercicio ciudadano de democracia participativa, y lo burocratiza hasta diluirlo. ¿De esta forma, qué sentido tiene considerar un derecho si no se podrá ejercer? Así las cosas ¿quién nos salva de la SCJN? Tal vez tengamos que pensar en otra instancia que sea la responsable de resolver este tipo de preguntas.