LOS DUARTE FRENTE A LA SCJN

@iusfilosofo

Ayer los personajes de negro, esos que ganan 520 mil 011 pesos por mes -salvo Luis María Aguilar Morales que tiene un sueldo mensual 651 mil 241 pesos- fulminaron el sello legal que olía impunidad. Ese sello legal disfrazado de “ley anticorrupción”, que había sido aprobado en los congresos locales de Chihuahua y Veracruz aprovechando la incondicional mayoría priista que tenían Los Duarte –Cesar y Javier-.

Eso que tantos compromisos políticos y económicos le costaron a los habitantes de los estados de Chihuahua y Veracruz –porque los incentivos a los diputados no salió del bolsillo de los gobernadores- fue aplastado ayer con la unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bastaron poco más de 90 minutos para que los togados determinaran que aunque los congresos locales de ambas entidades tienen la facultad de legislar, no hay duda que se adelantaron a emitirlas y determinar su entrada en vigor, tal como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR) en su exposición contra de esas dos entidades.

En su argumentación Cossío Díaz –ministro ponente- al referirse a la “Acción de inconstitucionalidad 58/2016, promovida por la Procuraduría general de la República, demandando la Invalidez de diversas Disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de chihuahua” sostuvo que “las autoridades emisora y promulgadora no contaban con la competencia para expedir la normatividad local y configurar sus sistemas locales anticorrupción, sino hasta que se emitieran las leyes generales en la materia.”

El quincuagenario colimense, expuso que la mecánica transicional de la reforma al sistema nacional anticorrupción -publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015- “tiene la peculiaridad de que los artículos que constituyen la base sustantiva constitucional de las leyes generales, no entran en vigor, sino hasta la misma fecha en que lo hagan éstas; es decir, entran en vigor de modo simultáneo.(…) Esto no quiere decir que se despoje a las legislaturas locales de la competencia para legislar en la materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, sino que al hacer depender la entrada en vigor de todo el entramado normativo constitucional a la entrada en vigor de las leyes generales, el ajuste y adecuación de las normas tanto federales como locales correspondientes debe hacerse hasta en tanto este sistema constitucional efectivamente haya entrado en vigor y esto sólo sucede hasta que entran en vigor las leyes generales”.

Sobre el tema de la “Acción de inconstitucionalidad 56/2016, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución política y de las leyes de fiscalización superior y rendición de cuentas, orgánica de la fiscalía general y orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Veracruz”, la ponencia corrió a cargo del otro quincuagenario pero este de Coahuila, Javier Laynez Potisek.

En su exposición, el ministro ponente -a quien pagaremos su salario hasta 2030- dijo: “para mí, el vicio de inconstitucionalidad ya se dio en los hechos que hayan podido ocurrir hasta el día de hoy, pero también a futuro, para que no pudiese haber alguien que, recordando que para el derecho administrativo sancionador aplican los principios del derecho penal, pues pudiera decirnos: aquí hay un problema de origen de la norma.”

El caso de Veracruz generó mayor discusión en el pleno, porque allá fueron más aguzados al momento de aprobar y poner en vigor la entrada de la ley, pues la misma entra en vigor después de la Ley General. Así, en su intervención la septuagenaria chiapaneca Margarita Beatriz Luna Ramos argumentó a favor de la resolución “no puedes legislar en este tiempo hasta que esté la ley, mientras tanto está vigente tu ley de responsabilidades anterior.”

La resolución de la SCJN pone fin al tema de las leyes ad hoc en materia de “anticorrupción” en Chihuahua y Veracruz, pues transgredían los artículos transitorios de la reforma a la Constitución Federal, al no respetar la veda temporal para que las entidades legislaran sobre el tema.

Lástima por Los Duarte, que apostaron a la impunidad, a la desmemoria, a la sociedad desorganizada, a que Peña y su equipo se hicieran de la vista gorda permitiendo que ellos hicieran su voluntad. Los Duarte que se enriquecieron durante su mandato, que favorecieron a sus amigos y familiares, y que construyeron un nicho de bienestar.

Veamos que ocurre en otros Estados donde sus gobernadores a la vieja usanza, buscaran protegerse a través de la legislación y personajes afines.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.