VOLUNTAD CIUDADANA: GOBIERNO LEGÍTIMO

Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes

John Locke

En entregas anteriores advertí, que abordaría al Estado de derecho con el objetivo de otorgar al lector, elementos que le permitan comprender el eje discursivo de los actores políticos y sociales del momento. En tal sentido, como señale en la entrega inmediata anterior, si bien es cierto Hobbes logró basar la legitimidad de un gobierno y sus leyes en el consentimiento de los individuos falta entender el estatus que esos individuos tienen.

Por ello la aportación de Locke significó un paso adelante al proponer que esta legitimidad no sólo estaba, - como en Hobbes -, en el origen del gobierno y las leyes, sino también en su control y vigilancia por parte de los ciudadanos (G. MERQUIOR: Liberalismo viejo y nuevo: 1993).

El referido autor, propuso la libertad de los individuos como un valor inmutable, es decir, como un derecho natural no sujeto a regateos ni negociaciones. En tal sentido afirma:

Para entender rectamente el poder político, y derivarlo de su origen,

debemos considerar en qué estado se hallan naturalmente los hombres

todos, que no es otro que el de perfecta libertad para ordenar sus acciones,

y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieren a bien, dentro de los

límites de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de otro

hombre alguno. (LOCKE: Ensayo sobre el gobierno civil: 1997)

Locke parte también de la idea de un Estado de naturaleza, es decir, de una situación originaria previa a la creación de la sociedad en la cual los hombres, por el simple hecho de serlo, poseen una serie de derechos y libertades. Y dentro de esos derechos se encuentra el que el Estado sea el encargado de otorgar justicia.

Pero al hablar de justicia, lo más seguro es que quienes pretendan sancionar a un infractor sean los afectados directamente por su acción, y por tanto hay el riesgo de que el castigo así ejercido sobrepase la magnitud del daño infligido. De ahí que Locke pensaba que como los hombres no podían despojarse de su inclinación a castigar, lo mejor, era que dejaran en manos de representantes autorizados por ellos la función de ejercer la justicia. Con ello se ganaría la posibilidad de un sistema de justicia objetivo, es decir, ejercido sin parcialidad, al tiempo que se garantizaría la defensa y el fortalecimiento de los derechos irrenunciables de libertad, igualdad y propiedad. (RODRÍGUEZ: Estado de derecho y democracia: 1996).

Es por ello que para Locke, el riesgo de la guerra conducirá a los hombres a celebrar un pacto o contrato social, mediante el cual cada individuo delegará su derecho a castigar en un cuerpo que lo represente, creando así las instituciones del gobierno.

Las leyes que este gobierno establezca, deberán seguir los principios de la ley de naturaleza, es decir, protegerán la libertad, la igualdad y la propiedad de los hombres, pero ahora contarán con la imparcialidad y la fuerza suficientes para castigar a los infractores sin temor a cometer alguna injusticia.

Así, el orden social es creado como un mecanismo para garantizar el libre ejercicio de los derechos y el gobierno surge como una figura cuya obligación es precisamente la conservación de ese orden.

Platón sostenía que el gobierno tiene el derecho de difundir entre los ciudadanos, por todos los medios posibles, la doctrina de que el hombre justo es feliz y el injusto desgraciado. A esta formulación responde Kelsen: “si esta afirmación es una mentira, es una mentira necesaria pues garantiza la obediencia de la ley”. Aunque no es una solución real, ya que en nuestra sociedad actual a nadie engaña esta afirmación y los claros ejemplos los vemos con exgobernadores, expresidentes, empresarios, miembros de la jerarquía religiosa, o simples ciudadanos.

El debate anterior, nos hace regresar a Hobbes quien señala que la legitimidad del gobierno proviene de la voluntad de los individuos, sólo que en este caso no se trata de un gobierno absoluto que pueda imponer su voluntad a los ciudadanos, sino de un gobierno mandatario de los ciudadanos, es decir, de un gobierno autorizado por ellos para mantener el orden de manera justa y permitir así el libre ejercicio de los derechos restantes. Esa parece ser la fórmula perfecta, en una sociedad perfecta.

En opinión de Hobbes, tal gobierno no puede decidir sobre la igualdad de los hombres (no puede establecer jerarquías ni propiciar un uso desigual de la ley); tampoco puede afectar sus propiedades (pues ha sido creado para proteger los derechos naturales, y la propiedad es uno de ellos); finalmente, no puede, en ningún caso, poner trabas a la libertad de pensamiento y acción de los hombres (pues ha sido creado en nombre de la libertad y está, por ello, a su servicio). ¿Y si hacemos el ejercicio de confrontar sus ideas con nuestra realidad?

En tal sentido las leyes deberían de ser creadas por un cuerpo que representara a los hombres, surgiendo así, el poder legislativo, encargado de establecer las leyes justas necesarias para el orden social; al segundo momento corresponderá la ejecución de esas leyes. Como el poder Legislativo representa la deliberación racional que da lugar a la ley, tendrá primacía sobre el poder Ejecutivo, que sólo actuará según el mandato de las leyes.

De esta forma, para evitar una concentración de poder que pudiera poner en peligro la libertad de los ciudadanos, Locke propone que los poderes Legislativo y Ejecutivo recaigan en titulares diferentes, manteniendo con ello un razonable control ciudadano sobre los poderes públicos. Agrega además una idea que sería también esencial para el pensamiento político de nuestra época: el principio de mayoría, según el cual toda decisión política debe derivar del consentimiento de la mayoría de los ciudadanos, respetando, no obstante, los derechos naturales de quienes queden en minoría. (Ibídem)

Las ideas políticas de Locke aportan ya dos rasgos distintivos de la noción de Estado de derecho. Por un lado, la concepción de que el derecho emana de la voluntad de los ciudadanos y se orienta a garantizar el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. Por otro, la definición del gobierno como un mandatario de los ciudadanos cuyo poder está limitado por las propias condiciones que constituyen su origen, es decir, por los derechos naturales de los individuos.

Con los elementos anteriores, no queda más que salir a la calle y ver si en efecto, es plausible pensar en un Estado de derecho, tomando como origen la legitimidad que los ciudadanos otorgan a sus gobernantes. ¿Ustedes que piensan? Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.