martes, 25 de marzo de 2014

DERECHO Y REPRESIÓN: EL CASO DE QUINTANA ROO


El pasado 19 de marzo, el diputado príista del Estado de Quintana Roo Juan Luis Carrillo Soberanis entrego a la oficialía de partes de ese Poder Legislativo, iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Cultura Cívica del estado de Quintana Roo. La iniciativa que consta de 39 páginas, no tuvo la atención que debió de haber tenido -por el contenido mismo de la iniciativa- porque se presentó en la coyuntura de la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
En las definiciones básicas que expone en la iniciativa, Carrillo Soberanis sostiene: “El civismo responde a una idea básica: es necesario que las personas se respeten unas a otras; y hay que respetar las cosas que son de todos, para que todos la puedan disfrutar cuando las necesitan (…)” para no detenernos en tan primaria reflexión, el legislador local continua: “(…) el civismo en sí, encierra la idea del ejercicio pleno de los derechos y sus garantías apegadas al respeto de los derechos de terceras personas, utilizando como un instrumento de cohesión y como motivador de las personas para adoptar comportamientos entendidos como correctos”.
De 36 artículos, la iniciativa refiere a Washington, España, Argentina y Chile como inspiradoras de la suya y enumera algunos ejemplos que “han perturbado gravemente la paz y la tranquilidad, los derechos de los quintanarroenses, así como el orden y nuestros espacios públicos”. Y menciona la magamarcha y bloqueo de la zona hotelera del 17 de septiembre de 2013; de hechos ocurridos ese mismo año pero el 11 de septiembre con la marcha de los normalistas; y la de los taxistas en febrero de 2014 que bloqueo la zona hotelera.
La perla, es su concepto de manifestación: “la reunión concertada y transitoria de las personas en espacios públicos con la finalidad de reclamar algo o expresar su protesta por algo y que pueda perturbar, la paz y tranquilidad, el normal desarrollo de las actividades de los pobladores o el tránsito en las vías públicas (…).”. Como se observa dicha definición incluye ya un escenario negativo: “perturbar la paz y la tranquilidad”. Con esta referencia condena de facto toda manifestación.
Y es que la iniciativa aprobada fast track este lunes 24, faculta a los ayuntamientos a través de sus “jueces calificadores” a imponer sanciones por infracciones a la ley (Artículo 6); obliga a la administración pública a: “disolver la manifestación y garantizar el libre acceso de los servidores a las instalaciones públicas así como garantizar la normalidad de las actividades y ejercicio de los derechos de los habitantes (…)”. Cuando se altere el funcionamiento de las instituciones que prestan servicio público. (Artículo 18).
En su artículo 22 prohíbe “llevar acabo bloqueos” y consecuentemente “podrán ser disueltos por la administración pública”. En el artículo 26 obliga a los manifestantes a “presentar un aviso por escrito a la secretaria de Gobierno del estado y/o a la secretaria General del Ayuntamiento, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación”.
El redactor de la ley es torpe al omitir el uso de la técnica legislativa; es confuso, pues partes de la ley asemejan un copy-paste de distintos ordenamientos; es ignorante al incluir una sanción de 4 a 500 veces el salario mínimo por: “ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido” (Fracción XXII artículo 30).
Magro uso de conocimientos el que realiza Carrillo Soberanis, quien preside la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; y magro favor el que Carrillo Soberanis, hace a la administración pública.
El diputado priista es líder estatal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), -expresión interna de ese partido, que más de una ocasión ha servido como brazo de choque contra manifestaciones contrarias al priismo regional-  hombre cercano al gobernador Roberto Borge, quien al parecer ha dado su primer paso para congraciarse con su jefe político.
Quienes simpaticen con dicha ley, deberán estar atentos y tener presente que preparan su propia mordaza. Dicha ley me recordó a Voltaire: “Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo”. Por lo pronto, los diputados locales del PRD, PAN y PT advirtieron que la discusión podría terminar en la Suprema Corte de Justicia por considerarse inconstitucional, veamos que ocurre.
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.


1 comentario:

@BarbaraCabrera dijo...

En efecto Doctor, el de Quintana Roo es un caso que debemos seguir muy de cerca, es uno de los tantos que utilizaron las estrategias de manipulación mediática para lograr una aceptación casi sin chistar.

Magnífico texto, le daré difusión en mis redes sociales. Un placer leerle.