DERECHOS HUMANOS Y RESISTENCIA

En la colaboración anterior, les compartía que Salinas de Gortari decidió inesperadamente en junio de 1990, crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inspirada en la figura del defensor ombudsman. Más tarde en 1992, la existencia de la CNDH fue elevada a rango constitucional y se mandató la creación de comisiones locales en todos los Estados de la República.

De esta forma, la institucionalización de la agenda de los derechos humanos por parte del Estado tuvo al menos dos efectos positivos: por una parte legitimó este tema en la escena nacional; y por otra, abrió nuevas formas de presión e interlocución para los actores sociales involucrados.

En junio de 1993 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el marco de Naciones Unidas, allí se presentó la propuesta —respaldada por Estados Unidos y la Unión Europea— de crear la Oficina del Alto Comisionado.

Había transcurrido un cuarto de siglo desde la Conferencia de San José, y poco había cambiado la posición mexicana en este ámbito, en el que el gobierno mexicano se opuso a tal iniciativa y sostuvo que era necesario “conjugar la soberanía nacional con los consensos globales”.

De esta forma México apoyaba la cooperación internacional para “fortalecer la protección efectiva y genuina de los derechos humanos, pero siempre teniendo en cuenta la perspectiva nacional”: el objetivo último debía ser crear un ambiente en el que cada nación pudiera promover los derechos humanos “a partir de avances y esfuerzos propios”. (Fernando Solana: Proceso, 28 de junio de 1993).

Fue el 20 de diciembre de 1993 que se aprobó por votación unánime la resolución 48/141, por la que se creó el cargo de Alto Comisionado de Derechos Humanos. No obstante, se eliminó el mandato específico del Alto Comisionado para conducir misiones de investigación in situ, lo cual puede ser considerado como una pírrica victoria de los países que mantenían ese status quo.

Casi un cuarto de siglo después, el escenario mundial en materia de derechos humanos era diferente, pues mientras en 1969 la posición soberanista de México fue compartida por muchos otros países, en 1993 el gobierno mexicano estuvo a punto de  quedarse aislado en su resistencia proderechos humanos, compartiendo escenario con China e Indonesia.

En 1994 Manuel Tello -entonces canciller- explicaba y defendía: “Después de difíciles negociaciones, en las que México participó de manera activa, se logró aprobar por consenso la resolución que crea esta nueva figura. Nos complace que este cargo… tenga un mandato claro y preciso, siempre sujeto a las normas del derecho internacional vigentes en la materia”. (Informe ante el Senado: SRE, 1994)

Así, a pesar de la resistencia del sexenio salinista para tratar el tema de los derechos humanos en la esfera internacional, sufría una derrota más en esta materia. Salinas y su equipo sabían que su obstinación en materia de derechos humanos solo los incomunicaría y eso no era muy bueno para sus aspiraciones internacionales.

Con la llegada de Ernesto Zedillo a Los Pinos, la política exterior de México en materia de derechos humanos cambio. Aunque gradual y difícil, pareció estar orientado por reacciones defensivas más que por un diseño claro. Ejemplos de violaciones flagrantes a los derechos humanos durante este sexenio sobran, muchos de ellos sumamente trágicos, pero ese será tema de otro momento.

Por hoy es todo los leemos la próxima. Carpe diem.