LEYES TONTAS

Las leyes, no son establecidas para normar o garantizar lo que un individuo puede o no puede hacer de manera independiente, sino que se establecen para señalar lo que puede hacer o dejar de hacer en cuanto integrante de una sociedad.

Las normas individuales en el sentido estricto, pueden ser morales o prácticas, pero no legales. Y es que este carácter sólo puede ser establecido por el Estado, en cuanto responsable de su cumplimiento. Como sostiene Rodríguez Zepeda, el Derecho sólo existe porque permite establecer una vinculación social específica entre distintos individuos, es decir, porque los iguala como sujetos de derechos y obligaciones bajo un poder común. (Estado de Derecho y democracia, 1996).

Las relaciones que se dan entre los particulares y el Estado son normadas por el Derecho público y en ellas el Estado tiene una influencia determinante. Como dice Norberto Bobbio: “la relación entre derecho y política se hace tan estrecha, que el Derecho se considera como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas políticas que detentan el poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio. (BOBBIO et al. Diccionario de política. 2002).

Desde luego, la opinión de Bobbio es determinante si recordamos que en nuestro continente, la ley ha sido la herramienta utilizada por los tiranos, déspotas o dictadores para realizar sus proyectos, materializar sus caprichos e instrumentalizar el andamiaje jurídico a su favor. “Mano firme” solía esgrimirse en los discursos políticos del entonces candidato presidencial en 2006 Felipe Calderón.

A finales del sexenio anterior y al principio de este, la utilización de la ley como herramienta de control represivo ha jugado un papel muy ilustrativo, y existen casos desde periodistas, líderes sociales, activistas de Derechos humanos, pasando por candidatos, usuarios de redes sociales y eventualmente hasta ciudadanos que solo tuvieron la desgracia de estar en el lugar y la hora incorrecta.

Eso parece que ocurrió con la profesora de Xalapa, Ángel de María Soto Zárate, que fue detenida, bajo el cargo de narcotráfico, por presuntamente transportar cocaína. Por fortuna la organización y movilización social, acompañada de las redes sociales, hicieron posible la intervención de actores políticos que intervinieron para indagar la veracidad de dicha acusación. Pero ¿Cuántos ciudadanos pueden tener la fortuna que un Senador de la República intervenga para que se investigue su caso de forma justa?

Debemos pugnar para que las leyes tengan un contenido preventivo y no represor y para que dejen de ser instrumento que reprima al que piensa diferente.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.