Señora
Valentina Rosendo: a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las
disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década, en los que resultaron
gravemente lesionadas en sus derechos (…) el Estado mexicano no la protegió, y
hoy lo reconoce públicamente. Deseamos que este acto simbólico se traduzca en
una mínima expresión de justicia.
Alejandro
Poiré
En México durante mucho tiempo los gobernantes no tuvieron que preocuparse
por el tema de los derechos humanos, ya que por una parte el Estado había
creado un discurso que de facto lo asumida como defensor de ellos, y por otra los
instrumentos internacionales para su promoción o defensa eran desconocidos por
los ciudadanos.
Entre el 21 de febrero y el 8 marzo de 1945 se celebró la Conferencia Interamericana sobre los
Problemas de la Guerra y la Paz, también conocida como Conferencia de Chapultepec, en la ciudad de México. El propósito fue
discutir las propuestas para el orden internacional de posguerra emanadas de la
reunión de las grandes potencias vencedoras en Dumbarton Oaks, y generar
posiciones comunes por parte de los países del continente.
México apoyó la resolución XL, titulada Protección Internacional de los
Derechos Esenciales del Hombre, que fue predecesora de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí se proclamó la adhesión de las
Repúblicas Americanas a los principios consagrados en el Derecho Internacional
para la salvaguardia de los derechos esenciales del hombre, y se favoreció un
sistema de protección internacional de los mismos.
El preámbulo señalaba que para que esa protección sea llevada a la práctica
se requiere precisar tales derechos —así como los deberes correlativos— en una
Declaración adoptada en forma de Convención por los Estados. Por esta
vía el gobierno de México aceptaba en principio que los derechos humanos fueran
objeto de un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante.
No obstante la posición mexicana -inicialmente favorable a la
construcción de un régimen internacional de derechos humanos- cambió pronto, como
resultado del tenor de las discusiones en San Francisco. Hacia noviembre de
1945 México “volvió a su posición tradicional como acérrimo defensor del
dominio reservado del Estado” frente a la acción internacional en asuntos de
índole interna y, en particular, a la protección de los derechos fundamentales.
En adelante la política
exterior de México se basó en estas premisas intrascendentes, durante este
periodo el grado de compromiso de México con el sistema internacional de
promoción y protección de los derechos humanos fue débil, y en ningún caso se
aceptó delegar competencias contenciosas o de supervisión a instancias
internacionales cuando el reconocimiento de tales facultades era optativo.
Modelo clásico de un viejo, desgastado y aunque lo negara autoritario modelo
hegemónico
En 1969 nuestro país participó en las discusiones de la redacción final
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. El gobierno mexicano en su afán fue restringir las facultades que
el anteproyecto original contemplaba para la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, cabildeó en contra del establecimiento de una Corte
Interamericana de Derechos Humanos con competencia jurisdiccional obligatoria. Así
en el texto final se disminuyeron las facultades de la Comisión y se estableció
que su jurisdicción tendría un carácter optativo. Como un dato curioso, aunque México
cabildeo en contra, voto a favor, el motivo era que no quería aparecer al lado
de los países con un perfil dictatorial.
El Estado mexicano dejó pasar
doce años antes de ratificar la Convención. Fue hasta 1981 que México se puso al corriente con algunos de
sus compromisos internacionales; y a mediados de los años ochenta aparecieron
los primeros organismos civiles interesados en la promoción de los derechos
humanos, entre los que destacan Academia Mexicana de Derechos Humanos, el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro.
Es a partir de las experiencias con estos organismos civiles que México fue
puesto en la mira de dos de las principales organizaciones de derechos humanos
internacionales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ambos organismos emitieron
informes sobre la situación de los derechos humanos en México, el gobierno no salía
bien parado, y eso metía en problemas a Carlos Salinas de Gortari. De esta
forma en junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
inspirada en la figura del defensor del pueblo u ombudsman, organismo que en
1992, la existencia de la CNDH fue elevada a rango constitucional y se mandató
la creación de comisiones locales en todos los estados de la República.
A partir de ahí el
tema de los derechos humanos en México fue tema de la agenda nacional. A partir
de entonces se firmaron acuerdos, convenciones, pactos y se dio reconocimientos
a una serie de organismos internacionales en materia.
Gracias al
ejercicio que los organismos civiles de los años ochenta impulsaron para llevar
el discurso y la practica de la cultura por el respeto a los derechos humanos en
México, es que se obligo al Estado a tratar en su agenda dicho tema.
Por estas circunstancias
ayer, Alejandro Poiré Romero secretario de gobernación encabezó ayer la
ceremonia de reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano por el ataque
sexual sufrido por la indígena meph’aa Valentina Rosendo Cantú en 2002 a manos
de efectivos del Ejército mexicano. En aquel momento las instancias judiciales
no cumplieron con su papel protector y defensor de los ciudadanos, Valentina no
encontró justicia en su país y tuvo que ir fuera de su patria para encontrar
eco de su dolor apoyada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, fue así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra
el Estado Mexicano y gracias a ello ayer el Estado Mexicano tuvo que reconocer
su error. Tarde, tan solo diez años tarde.
Sirva el
antecedente para no perder la memoria y sirva también de reconocimiento a los
organismos civiles que promueven la defensa de los derechos humanos en México. Sirva
también a los mexicanos para luchar por
sus derechos y para evitar que las disculpas no sean un a constante de las
autoridades por el incumplimiento de sus obligaciones.
Para la desmemoria:
no olvidemos que hace un año fue asesinada Marisela Escobedo Ortiz afuera del
palacio de gobierno de Chihuahua. ¿Pasaran otros 10 años para reconocer la
impunidad y negligencia de las autoridades sobre este tema?
Por hoy es todo,
nos leemos la próxima. Carpe diem.
2 comentarios:
Maestro:
Abordar el tema de los derechos humanos con la perspectiva que hoy nos presenta, resulta sumamente enriquecedor en un país acostumbrado a llegar tarde a las temáticas que es imperativo no olvidar.
Importante es que no se olviden este tipo de situaciones y se recuerden al momento de elegir a los que siguen y transitar hacia una adecuada rendición de cuentas.
Excelente análisis.
Un abrazo.
Hoy nos regocijamos de que por fin el Estado Mexicano reconozca las violaciones a derechos humanos que se perpetraron en perjuicio de esta indígena, pero cuántas más en su situación, cuántos vulnerables no han podido acceder al Sistema Internacional Protección a Derechos Humanos, quedando para siempre callado su clamor de justicia, por parte de un Gobierno que cada vez es más sordo a las voces de las víctimas.
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