INDÍGENAS OTRA ASIGNATURA PENDIENTE

La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.

Subcomandante Marcos

Aunque la memoria recuerda la causa indígena asociada al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y a su movimiento revolucionario, quienes se levantaron en armas en el estado de Chiapas, y que le declaraba la guerra al Estado Mexicano, lo cierto es que los indígenas no chiapanecos y no miembros del EZLN viven en condiciones diferentes.

Pocos recuerdas aquel primero de enero de 1994 en el que encapuchados tomaban palacios municipales, se enfrentaban al Ejército mexicano con rifles de madera, y construían un discurso basado en “para todos todo, para nosotros nada”.

Han pasado 18 años del levantamiento zapatista y las exigencias entonces manifestadas y las condiciones hasta ese momento vividas no han cambiado mucho; parece ser que no basto aquella caravana que salido desde el corazón de la selva lacandona y que termino en la palestra de San Lázaro ocupada por el subcomandante Marcos.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una Nación pluricultural y existen instituciones dedicadas a su desarrollo, lo cierto es que no han sido suficientes, por lo contrario a veces se a buracratizado su atención y eventualmente politizado.

Actualmente cohabitan en nuestro país 62 pueblos indígenas, son más de 16 millones de personas que poseen casi la quinta parte del territorio nacional. Y aunque los gobiernos tienen que reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y la protección de su patrimonio cultural entre otros, basta recordar la noticia que hace algunas semanas conocimos sobre el pueblo rarámuri y la falta de alimentos a condición de la adversidad climática.

A pesar de la movilización de la sociedad para suministrar alimentos y de la presencia de los poderes ejecutivos estatal y federal en esa zona; a pesar de las instituciones y de los discursos, lo cierto es que la realidad de los pueblos y su presencia solo parece existente, cuando ocurren desgracias ligadas a su vida.

Recientemente el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial (CERD) externó su preocupación por la posición que ocupa la situación de las minorías indígenas y afrodescendientes en la agenda de México. El relator del CERD para México, Pastor Murillo Martínez habla de la falta de un apoyo eficaz en lo que se refiere a la utilización de intérpretes para los indígenas que son procesados. Pero su comentario fue más duro cuando expreso es “hasta dónde el impacto de la lucha contra el narcotráfico en México pueda ocultar la dimensión de la situación de racismo y la discriminación racial en el país”.

Sobre el tema de acceso a la justicia, Janitzio Durán Ortegón, integrante de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, el gobierno ha formado a 444 intérpretes desde el 2007. En su opinión  “estos intérpretes cubren 80 variantes lingüísticas de 27 comunidades indígenas de México que suponen más del 60% de la población”.

Sin embargo, un informe Amnistía Internacional sobre México, revelo que los indígenas suelen ser forzados a participar en procedimientos judiciales sin asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos. Basta recordar en diciembre pasado, el Estado Mexicano tuvo que pedir perdón a la indígena Valentina Rosendo Cantú de la comunidad Me’phaa; nueve años después de que denunció que fue violada por militares y que no tuvo acceso a la justicia.

Este caso documenta no solo como en el paso ocurrieron graves daños a los integrantes de los pueblos indígenas, por el solo hecho de serlo, sino que la vulneración de su persona se agrava cuando son mujeres o niñas.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro "El Estado mexicano se encuentra en medio de una fallida ''guerra'' contra el crimen organizado, los y las indígenas se vuelven chivos expiatorios con los que los órganos de justicia pretenden demostrar que están cumpliendo su deber de garantizar la seguridad de la población".

Para documentar esta vulneración expongo otro caso el de José Ramón y Pascual, activistas nahuas de AÜa, Puebla, condenados a seis años diez meses de prisión por defender el derecho al agua en su comunidad. Ambos fueron detenidos por el robo de un vehículo, que nunca se llevó a cabo.

Como se puede observar durante estos doce años de gobierno panista el tema de los derechos indígenas sigue siendo una asignatura expediente, que parece no cambio a pesar de los discursos, los programas, las inauguraciones y la retorica gubernamental. Este debe ser un tema más en la agenda de los candidatos a ala presidencia de la república.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.