DERECHO A LA PROTESTA Y CRIMINALIZACIÓN

Tras largos días de protesta, finalmente  el primer ministro de Ucrania, Mykola Azarov, decidió renunciar y el Parlamento ha derogado una serie de represivas leyes antimanifestaciones, que habían sido aprobadas el pasado 16 de enero. Dicha legislación castigaba con gran severidad casi todas las formas de manifestación, ya que contemplaba penas de cárcel para cualquier participante; de esta forma, en Ucrania se pretendía establecer un régimen totalitario de control.

En México, mientras nos enfrascábamos en el seguimiento al debate sobre las reformas estructurales, fue aprobada una legislación muy parecida a la de Ucracia –país ubicado en el oriente europeo, cuya forma de gobierno es la República, que se rige por un sistema semipresidencial con la separación del poder entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial- con la diferencia de las condiciones sociopolíticas.

Fue el 19 de noviembre del año pasado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló el dictamen de las reformas hechas al Código Penal para el Distrito Federal con 38 votos a favor –de los perredistas del llamado “bloque progresista”, PAN, PRI, PVEM, PNA, MC- 6 en contra y una abstención, que luego se pidió fuera en contra. Dicha reforma aumenta hasta en 50% las penas de los delitos de lesiones dolosas y homicidio contra policías que vigilen mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.

Las reformas hechas al Código Penal para el Distrito Federal, contempladas para actos ilícitos como robo y daños a la propiedad, aumentan a la mitad cuando los cometan manifestantes que participen en algún mitin, manifestación, plantón, marcha o actos públicos. ¿De verdad un manifestante va a dejar su protesta para robar?

Para el diputado Arturo Santana Alfaro parece que sí, pues en su argumentación para presentar dicha iniciativa y defenderla expuso: “no podemos permitir que existan personas que bajo el anonimato de una máscara lesionen y lastimen” a los policías, así como tampoco que se ocasionen “daños a monumentos, a comercio y saqueos a establecimientos” con el pretexto del libre ejercicio de la manifestación.

La reforma contempla que el manifestante que asesine a un policía que vigile una concentración pública recibirá hasta 30 años de cárcel; y para el participante en alguna concentración pública que agreda a un elemento policial podrá recibir hasta 12 años de cárcel. Estas reformas propuestas por el “ala progresista” nos recuerdan más a las aprobadas en España por el Partido Popular que legaliza multas millonarias a los manifestantes que “salgan de la legalidad”, el de Chile con la ley anti-capuchas o el que referí en Ucrania.

El problema de la iniciativa no es que se pretenda proteger el patrimonio de los particulares o el de los inmuebles públicos, el tema es que ante la incapacidad para buscar formas alternas de resolución de los conflictos sociales o como dice la CDHDF, capacitar a los policías en protocolos de actuación especializados en contextos de manifestaciones sociales y mejorar sus condiciones laborales- se busca criminalizar la protesta social.

Parece que los positivistas disfrazados de asambleístas, no han podido entender que el derecho penal debe ser una herramienta excepcional, y no un recurso recurrente que pretenda aplicarse a diestra y siniestra contra las manifestaciones sociales.

Estos legisladores “progresistas” deben de entender que el derecho es un instrumento de cambio social y no una herramienta de represión. Y mientras esto sucede en la ciudad de las libertades, no podemos esperar menos de las entidades donde sus gobernadores y diputados locales provienen del paleolítico.

En fin, estemos atentos de esta asignatura y sus posibles replicas en otras entidades. Al rato no nos extrañemos de las manifestaciones en las calles para pedir marcha atrás a estas reformas.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.