DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA

Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión.

Paul Auster

El concepto de transparencia, con su sigla original en idioma inglés Clear, es dado a conocer por primera vez en enero de 2001, a través del Índice de Opacidad. Idea contraria como se puede observar al primer concepto.

La doctrina moderna, encuentra sustento en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que destacan: a) El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; b) el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; c) el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y d) el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El marco anterior referido, reconoce que la concepción moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interrelacionadas, que bien se puede agrupar en dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir mensajes (que supone el derecho a difundir informaciones y opiniones y que toma en cuenta el punto de vista del emisor) y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor).

Al referirnos a la transparencia, es importante tener presente su vínculo indisoluble con el derecho a la información; el cual ha tenido una evolución histórica y jurídica significativa desde sus orígenes a la actualidad.

Así pues, hoy en día no puede concebirse una democracia si además del gobierno de las mayorías y el imperio de la ley, no se garantiza un mínimo control de los ciudadanos sobre la acción de sus gobernantes, más allá de las elecciones.

Una clave para la efectividad de este control reside en el acceso ciudadano a la información que el poder político maneja. Es común decir que la información es un activo muy valioso en las sociedades actuales y en eso hay coincidencia, de ahí que Rodríguez Zepeda sostenga que:

La información es poder político o, al menos, una condición para que éste pueda ejercerse. Por ello, uno de los debates centrales en nuestra vida pública es el relativo a la relación que el Estado debe tener con la información socialmente valiosa que está a su disposición y acerca de la manera en que debe utilizarla. (RODRÍGUEZ Zepeda: Estado y transparencia)

Aquí como se puede observar, hay una lucha entre quienes desde la responsabilidad cívica podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información; y por otro lado la burocracia política que en su intento por mantener sus acciones en el lado oscuro esconde la información o la clasifica para que no podamos acceder a ella. Quizá por ello Norberto Bobbio, afirma:

La tecnocracia y la democracia son antitéticas… La  democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo; por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos. (Ibídem)

El derecho de acceso a la información debe de estar permanentemente en la agenda democrática de México, de sus ciudadanos y de los partidos, además de los candidatos presidenciables; es pues un derecho fundamental, que debe estar vigente al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.

Vale la pena referir lo que Joaquín Estefanía sostiene:

El círculo negro de las democracias latinoamericanas está en la ciudadanía social. En las democracias originarias del planeta, la vigencia del Estado de derecho, de diversos derechos civiles e incluso de algunos derechos sociales generalmente precedieron al logro de los derechos políticos para todos los ciudadanos, y con ellos la plena instauración de la democracia política. (ESTEFANÍA, Joaquín, “Las nuevas venas abiertas de América Latina”)

Claro es que este derecho de pedir que se clarifique la acción del gobierno tiene su eco en la transparencia en como se debe desempeñar el gobierno; el acceso a la información esta asociado en otro nivel.

Un gobierno transparente, es un gobierno democrático sólo cuando los ciudadanos pueden corroborar que la acción del gobierno en efecto es correcta, cuando podemos confrontar que las acciones que un gobierno abandera como transparente, en realidad son ciertas o están bañadas por el cinismo impune.

Un ejemplo de esto que señalo es el caso de Emilio González, gobernador de Jalisco que no tuvo problema en ser transparente al decirles a los Jaliscienses que donaría dinero publico a la iglesia católica.

Debemos tener presente que el derecho a la información es el conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano acceso libre a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones que tendrán que cumplirse para darle un uso responsable.

La transparencia gubernamental es una consecuencia lógica del acceso a la información. El acceso a la información gubernamental fortalece la democracia y consolida el Estado de derecho. Pero este no opera de manera automática, los ciudadanos tenemos la responsabilidad cívica de ejercerlo.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.