CRISIS Y DERECHOS HUMANOS

Ernesto Zedillo inició su periodo presidencial en circunstancias sumamente difíciles: la crisis financiera de finales de 1994 y principios de 1995, así como las consecuencias, internas e internacionales, que tuvieron el levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994, y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, y de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de ese partido.

Quizá por ello la política exterior no fue inicialmente una prioridad; no obstante, muy pronto el conflicto en Chiapas subió hasta dimensiones internacionales; el zapatismo y su discurso indigenista despertó simpatías internas y externas y eso género que por primera vez en la historia, México fuera objeto de campañas internacionales sistemáticas y sostenidas en materia de derechos humanos.

Bajo esta Coyuntura, organizaciones de la sociedad civil mexicanas y extranjeras conformaron redes transnacionales que recurrieron al litigio internacional, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el número de casos de peticionarios mexicanos comenzó a crecer.

Y es que en los primeros años de este periodo, el gobierno de Zedillo mantuvo su posición tradicional, parecía que las crecientes críticas por parte de los diversos actores internacionales sobre la falta de garantías y el abuso a los derechos fundamentales en México no le importaban.

Sorprendió que en 1996 la posición original diera un gran cambio: el gobierno de México invitó por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitar el país para observar la situación de los derechos humanos in situ. Esta visita sugirió una forma distinta de entender la soberanía y el alcance del régimen internacional por parte del gobierno mexicano.

Sumado a lo anterior se  promovió el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, respondiendo así a la crítica internacional, que se había fortalecido por el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y la matanza en la comunidad de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.

Como una forma de fortalecer su postura de “apertura” en materia de derechos humanos y enfrentar la crisis interna, el gobierno mexicano firma el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea, que incluyó la famosa cláusula democrática, y del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) -aunque el estatuto no se ratificó sino hasta 2005- sin duda fue un gran paso la firma de dicho acuerdo de reconocimiento.

Así, mientras el sexenio se enfrentaba a crisis económica, política y social, el Estado mexicano se enfrascaba en controversias públicas con los defensores de derechos humanos extranjeros y controlaba su actividad en el país –recuerdan el caso de los Monos Blancos-  argumentando la defensa de la soberanía nacional y, en algunas ocasiones, razones de seguridad nacional.

Finalmente, tal y como se había hecho en 1994, -pero en circunstancias muy distintas claro- el gobierno mexicano permitió la presencia de observadores electorales internacionales en las elecciones presidenciales de 2000, el resultado de aquellos comicios fue histórico: por primera vez desde inicios del siglo anterior el habitante de Los Pinos no pertenecía al partido emanado de la Revolución, pero ese es otro tema que ya veremos en otro momento.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.