DERECHOS HUMANOS… ¡YA QUE!

En mi colaboración anterior, compartí como el gobierno mexicano en 1969 cabildeó para detener el establecimiento de una Corte Interamericana de Derechos Humanos con competencia jurisdiccional obligatoria.

Esta operación fue fructífera pues, varias de las objeciones de nuestro país, a la que se sumaron otras naciones, fueron tomadas en cuenta; así, en el texto final se disminuyeron las facultades de la Comisión.

Se creó la Corte sí, pero ganó la idea de que su jurisdicción tendría un carácter optativo.

Dice Mónica Toussaint que:

(…) la delegación mexicana -presidida por el jurista Antonio Martínez Báez- estimó que resultaría contraproducente para el país formar parte de la reducida minoría que votaría en contra, por lo que en el último momento México cambió su posición y brindó su apoyo para la adopción de la Convención. (La alegría de servir: 2009)

  

Cumpliendo instrucciones precisas, la delegación de México sintió la necesidad de emitir una declaración en la que fuera expresamente visible el carácter voluntario de la aceptación de la jurisdicción de la Corte.

Con este antecedente, el Estado mexicano dejó pasar doce años antes de ratificar la Convención y fue hasta 1981 que México se puso al corriente con algunos de sus compromisos internacionales; de esta manera se ratificaron los principales tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PID CP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDES C) y la ya citada Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A  pesar de la firma de los tratados, el gobierno de México se negó a reconocer la competencia contenciosa de la Corte. En su defensa casi caricaturizable, en 1985, el entonces canciller, Bernardo Sepúlveda, argumentó por qué México rechazaba la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“Hay algunas cuestiones… que tienen que ser dirimidas no únicamente a la luz de las consideraciones políticas o con relación a los fines superiores del respeto a los derechos humanos. Hay algunas consideraciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ejercicio del poder político en foros internacionales y con la capacidad de determinados intereses de hacer prevalecer un punto de vista en contra de países débiles. La experiencia mexicana no ha sido siempre positiva en lo que hace al sometimiento de diferendos a instancias internacionales. Llámese Fondo Piadoso de las Californias, llámese Isla de la Pasión, llámese Chamizal. En todas estas instancias en que hemos sometido diferendos con otros Estados a la jurisdicción de órganos arbitrales, nuestra experiencia ha sido negativa… la razón nos fue negada por juegos de poder, por juegos de intereses o, en su caso, fue diferido el acatamiento de la justicia, la ejecución de la sentencia por un lapso bien prolongado. De ahí… que haya también un justo temor al sometimiento, no al arbitraje, sino a la arbitrariedad… (Diario de Debates de la Cámara de Senadores, LIII Legislatura, año I, 11 de diciembre de 1985)

Como se observa, la defensa del Estado mexicano en voz de su canciller, se basa en experiencias “negativas”. La resistencia se mantuvo hasta que a mediados de los años ochenta aparecieron los primeros organismos civiles interesados en la promoción de los derechos humanos - Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro- gracias a su labor, poco a poco se empezaron hacer exigibles este tipo de derechos.

Estos organismos identificaron violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos en el orden de los derechos políticos de los mexicanos. Lo cual llamó la atención de dos de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por lo que en 1986 y en 1990, respectivamente, ambas organizaciones emitieron informes sobre la situación de los derechos humanos en México.

Esto obligó a que a finales de los años ochenta el gobierno de Carlos Salinas no tuviera más alternativa que implementar un control de daños que detuviera los cuestionamientos no sólo a su persona –cuestionado ya de ilegitimo- si no al gobierno, en materia de derechos humanos.

Inesperadamente en junio de 1990, Salinas de Gortari decidió se creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inspirada en la figura del defensor del pueblo u ombudsman. Así, se aplicó el principio del “ya que” al gobierno salinista que no tuvo más salida que crear una figura orillado por las circunstancias.

Pregunta para la desmemoria ¿Recuerda quien la presidio?

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.